l primer día de abril de 1977, el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, dio a conocer el proyecto priísta de supervivencia de un régimen electoralmente deslegitimado (José López Portillo había sido candidato sin competencia, pues el PAN no postuló a nadie en medio de la pugna entre el doctrinal Efraín González Morfín y el empresarial José Ángel Conchello, con Pablo Emilio Madero por delante, y con Valentín Campa como candidato sin registro), sometido a un presidencialismo delirantemente desbordado (como ejemplos de aquella época: la vocación represora de Gustavo Díaz Ordaz, las locuras políticas –también represoras– de Luis Echeverría y el despilfarro insolente de JLP) e impugnado con las armas en la mano por jóvenes convencidos de que la competencia de partidos en las urnas era absolutamente inviable para cambiar la realidad del país (con Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas como puntos de referencia histórica y una multiplicación de guerrillas urbanas y rurales).

La reforma política impulsada por el veracruzano que moriría en marzo de 1985 permitió la legalización de partidos y movimientos de izquierda (como el Comunista Mexicano) y abrió el camino a que opositores al sistema recibieran recursos públicos para ‘‘hacer política’’ y rebanadas del pastel camaral mediante el sistema de representación proporcional y las listas plurinominales (aquellas zanahorias consolidaron las perversiones del activismo, sobre todo en una izquierda que comenzó con el talamantismo y llegó al chuchismo). La creación de esos cauces institucionales se complementó con una posterior amnistía a quienes habían participado en movimientos armados insurgentes.

La actual reconstrucción de aquel presidencialismo faraónico pareciera no tener la vista puesta en su propia historia y estar (re)creando las condiciones que décadas atrás produjeron fuertes estallidos políticos y sociales. En el colmo de la insensatez, en lugar de abrir más válvulas preventivas de escape y ofrecer espejismos electorales afinadamente engañosos, el régimen está empecinado en demostrar de manera contundente que la vía electoral es una farsa intransitable.

La integración del Instituto Nacional Electoral (que en esencia fraudulenta es lo mismo que el IFE) se hizo a partir del reparto faccioso de asientos conforme a los intereses de los tres principales partidos, con un consejero presidente, Lorenzo Córdova, que en algunos segmentos propició ciertas esperanzas de mejoría que con rapidez los hechos han disipado. La gran mayoría de los consejeros restantes responde inequívocamente a los dictados de los partidos políticos que los sentaron allí o, aún peor, de las camarillas partidistas que los promovieron.

Las perspectivas federales son claramente adversas a las expectativas de un juego electoral medianamente limpio y aceptable. Nadie podrá llamarse a engaño cuando, en las intermedias del año entrante, y en las presidenciales de 2018, este INE-IFE ejecute las prácticas de adulteración tan sabidas para favorecer al poder dominante que desde Los Pinos establece directrices y promueve pactos de reparto del botín político.

Pero ni siquiera en los estados, donde se habían promovido onerosos cambios con la oferta de ‘‘quitar’’ el control de los consejos electorales locales a los gobernadores, se ha logrado sostener la simulación. La primera comalada de nombramientos desde el INE-IFE para los ahora llamados organismos públicos locales electorales (Oples) ha dejado al descubierto una generalizada opción preferencial por la operación burocratizada a cargo de camarillas conocedoras (casi siempre para mal) de los entretelones técnicos y las triquiñuelas posibles, con una acentuada cesión de asientos para bandos priístas y para gobernadores con capacidad de presión.

Entregada al PRI y los gobernadores la organización de los comicios locales del año entrante a través de los Oples, el círculo se ha cerrado con la designación igualmente facciosa de los magistrados de los tribunales electorales estatales, mediante un acuerdo entre los tres principales partidos, PRI, PRD y PAN, para quedarse con cuotas específicas. Con estas decisiones queda garantizada la continuidad de las históricas trampas en las elecciones locales.

A semejanza de lo que sucedía antes de la reforma política anunciada por Reyes Heroles en Chilpancingo, Guerrero (oh, la recurrencia de la historia), hoy el priísmo se mueve con pretensiones casi únicas, aplastando opositores reales mediante dinero en efectivo, asistencialismo dirigido y marrullerías gubernamentales, y concediendo a sus satélites o paleros algunas gubernaturas ‘‘plurinominales’’, franjas en las cámaras (e incluso presidencias de mesas directivas) y acomodos en las nóminas. También hoy los jóvenes ven una violencia impune (el 2 de octubre o el 10 de junio, en aquel priísmo; Tlatlaya o Iguala, aunque los contextos sean diferentes) y una ‘‘apertura democrática’’ simulada y magnificada ante demandas politécnicas resolubles (hoy, Osorio Chong entregará como gran ganancia al movimiento del IPN la renuncia del cadáver político llamado Yoloxóchitl Bustamante y responderá favorablemente a demandas contra planes de estudios ya antes congelados y un reglamento interno prescindible, determinaciones que ya tenía aquel martes en que pedía nomás 30 minutos, el doble que Fox respecto de Chiapas, para ‘‘resolver’’ lo que ya tenía resuelto).

Y, mientras el empresario queretano Germán Goyeneche, aprehendido junto con el capo Héctor Beltrán Leyva, ha resultado militante del impresentable Partido Verde Ecologista de México, y miembro destacado del Parlamento Ciudadano México, a propuesta del diputado federal verde Ricardo Astudillo Suárez, como puede confirmarse en http://bit.ly/1rBte8q , nota informativa en la que se menciona que Astudillo ‘‘se congratuló porque Carmelita Peralta, hermana de Carlos Peralta, uno de los empresarios más importantes del país, coordine los trabajos de este parlamento’’, ¡hasta el próximo lunes, con la exigencia de que aparezcan los jóvenes de Ayotzinapa!

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