Madrid, 2 de octubre.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, firmó hoy un decreto con el nombramiento de los siete integrantes de la Comisión de Control de la Ley de Consultas no refrendarias, que es el equivalente a la Junta Electoral, que deberá velar por el cumplimiento de la convocatoria del referéndum independentista del próximo 9 de noviembre.

Este paso supone un desafío en toda regla a la suspensión cautelar impuesta por el Tribunal Constitucional (TC) español, que el pasado lunes anuló por unanimidad tanto la legislación catalana como la cita electoral acordada por el Parlamento autonómico, tras los recursos interpuestos por el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy.

La tensión sigue creciendo entre Cataluña y el gobierno central de Rajoy, que siempre se ha negado a dar la palabra a la sociedad catalana a través de una consulta o referéndum para conocer su opinión sobre el actual modelo de Estado y su vinculación a España.

El grupo de los partidos políticos que apoyan la consulta y están a favor de la independencia, que son amplía mayoría en la región, acordaron dar una serie de pasos de forma conjunta para mantener su plan y evitar así la suspensión impuesta por el TC, un órgano jurídico cuestionado por su imparcialidad y la profunda vinculación de la mayoría de los 12 magistrados que lo integran con los dos principales partidos políticos del país, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El nombramiento de los integrantes de la Junta Electoral ya se había aprobado en el Parlamento regional el martes pasado, pero no tenía ningún efecto hasta que se firmara el decreto por parte del Ejecutivo catalán, que hasta el momento había advertido que estaba estudiando las fórmulas para avanzar en el proceso y evitar atrasar el calendario previsto para garantizar que la consulta se celebre en términos democráticos y legales.

Así las cosas, este jueves, de forma inesperada, Mas firmó el decreto por la noche, con lo que se abre oficialmente el periodo fijado por la ley para que se garantice la consulta. Por ahora sólo está pendiente que el texto se publique en el Diario Oficial de Cataluña.

La decisión de Mas viene precedida por una reunión a puerta cerrada con los partidos a favor de la consulta y de la independencia, Convergencia i Unio (CiU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Iniciaitiva per Cataluña (ICV) y la CUP, en la que se insistió en la necesidad de mantener el calendario y dar pasos hacia adelante a pesar de la prohibición impuesta por el TC.

Con la firma del decreto, el mandatario catalán optó por mantener la unidad en el frente soberanista y desafiar la prohibición española.

El presidente español, Mariano Rajoy, mantiene una estrategia cerrada contra la consulta democrática y sus iniciativas han sido de carácter legal, al interponer recursos ante el TC a cada paso dado por el gobierno catalán para celebrar la consulta.

Ahora, con la firma del decreto, anunció que se están estudiando dos vías: un nuevo recurso ante el TC para suspender también el decreto y una querella criminal que presentará la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra Artur Mas, lo que dificultará aún más una salida negociada al diferendo. Además, Madrid decidió enviar 400 policías antidisturbios más a Cataluña para aumentar sus efectivos en la región.

Ninguno de los líderes políticos catalanes nacionalistas están a favor de alterar el calendario de la consulta o de cambiar de escenario y celebrar elecciones anticipadas, como se ha llegado a especular. Más aún, su visión del conflicto es nítido: se debe desafiar a la legalidad española y respetar la voluntad de su pueblo, que ha exigida en las calles su derecho a la expresión a través del voto.

Este desafío al TC viene acompañado de la recusación por parte del Parlamento catalán de al menos dos magistrados del TC, entre ellos el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y Pedro José González Trevijano, por sus vínculos con el PP.

En un escrito dirigido a la mesa del Parlamento, los portavoces de los cuatro grupos políticos a favor de la consulta consideran que ambos acreditan una falta de imparcialidad y de independencia. Pérez de los Cobos militó en el PP durante años y además fue un dato que se mantuvo en secreto hasta que fue descubierto en el verano pasado y aún así no se le apartó del cargo.