El rechazo estudiantil a los proyectos de modificación del Reglamento General de Estudio y el impulso a un nuevo modelo educativo en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no es reciente.

Desde 2010, durante el primer año de gestión de Yoloxóchitl Bustamante Díez como directora general de esa casa de estudios, miles de alumnos rechazaron la aplicación de las llamadas salidas laterales para la entrega de títulos de técnicos superiores universitarios.

Además, exigían la salida de la policía bancaria de las instalaciones politécnicas, la no aplicación de la Reforma Integral de la Educación Media Superior y garantizar la gratuidad de la educación que se imparte en el IPN.

En mayo de ese año, a pocos meses de haber asumido el cargo, Bustamante Díez enfrentó protestas en esa casa de estudios ante la inminente aplicación del nuevo Reglamento General de Estudios.

Debido a que la propuesta se presentó pocas semanas antes del fin de cursos y sin consulta a la comunidad, hubo un rechazo del estudiantado, así como de sectores docentes y de trabajadores.

En ese contexto, las autoridades del IPN decidieron realizar una sondeo con los estudiantes, medida que fue cuestionada, pues en un primer momento sólo se abrió por una semana, lo que fue considerado por amplios sectores de estudiantes como insuficiente para hacer una verdadera consulta en cada escuela.

Tras un segundo proceso de dos semanas, los alumnos denunciaron que no hubo tiempo suficiente para participar en la consulta y mucho menos para que los responsables de la propuesta pudieran procesar 45 mil cuestionarios de respuesta.

Por ello, fue hasta junio de 2011 cuando se aprobó finalmente el nuevo Reglamento General de Estudios, aunque con la oposición de un sector del estudiantado, que nuevamente se movilizó en octubre de 2012 para frenar un recorte de 156 millones de pesos a las finanzas politécnicas y rechazar la reforma laboral.

El 5 de octubre de ese año, más de 25 mil alumnos se sumaron al paro en el Casco de Santo Tomás, a fin de garantizar mayor inversión para los laboratorios y talleres, pero también con la exigencia de democratización de la institución y de los procesos para la elección de autoridades.

Los estudiantes demandaron a Bustamante Díez realizar las negociaciones al más alto nivel para garantizar que la secretaría de Hacienda y Crédito Público no aplicara dicho recorte al IPN, que finalmente recibió una transferencia por ese monto.