El Ejército y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan los hechos de Tlatlaya para determinar la verdad jurídica del caso, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Rompió lanzas por el instituto armado, porque tiene un compromiso con el respeto a los derechos humanos, la justicia y el estado de derecho.

El mandatario se pronunció por primera vez sobre la masacre contra 21 civiles que habrían cometido el pasado 30 de junio elementos castrenses, por lo cual la PGR abrió causa ante la justicia civil contra tres de los ocho uniformados detenidos por el propio instituto armado.

Con una notoria afección de la garganta, Peña Nieto ubicó la difusión de estos asesinatos a partir de los medios de comunicación, pero insistió en que nuestras fuerzas armadas desempeñan su ardua responsabilidad con firme compromiso con los derechos humanos.

Acreditó lo anterior con la disminución de 87.5 por ciento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las instituciones militares en los primeros ocho meses de este año en relación con el mismo periodo de 2012.

'El Ejército Mexicano ha refrendado su compromiso con el estado de derecho y la justicia al tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y realiza su propia indagatoria, apuntó.

Además, indicó, la Secretaría de la Defensa Nacional y la PGR investigan de forma conjunta y 'exhaustiva con el fin de determinar las responsabilidades individuales correspondientes.

Con ese mismo compromiso, resaltó Peña Nieto ante representantes de organismos oficiales de derechos humanos de varias partes del mundo, el Ejército también coadyuvará con la CNDH para avanzar en las diligencias de este organismo autónomo.

Confío en que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos.

En la apertura del Congreso Internacional y la Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, detalló también la política de cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH, así como del enfoque preventivo para evitar que se vulnere la dignidad de las personas.

Antes habló el presidente de esa comisión, Raúl Plascencia Villanueva –contra quien recientemente fue presentada una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados–, que omitió toda referencia al caso Tlatlaya, así como a lo sucedido el fin de semana en Iguala, Guerrero.

La intervención del ombudsman ubicó el agua como el tema de atención central en este encuentro y pidió anuencia para expresar públicamente mi reconocimiento al gobierno de la República, al presidente Enrique Peña Nieto, por el respeto irrestricto que ha observado permanentemente al trabajo de la CNDH.

En la misma ceremonia habló Vladlen Stefanov, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, quien insistió en el deber de los ombudsman de proteger a los defensores de esas garantías, así como de trabajar fundamentalmente en prevenir violaciones graves a los derechos humanos, como la tortura, la detención arbitraria, la discriminación de género y contra los migrantes.

Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, se refirió a la reciente aprobación en su estado de los matrimonios igualitarios con el fin de acatar el contenido del artículo primero constitucional de que nadie puede ser discriminado por su preferencia sexual.