a policía municipal de Iguala detuvo a un número no determinado de estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la madrugada del sábado 27, y aunque los agentes están detenidos no se sabe dónde se encuentran los jóvenes.

Las cifras también son preocupantes. Primero se dijo que eran 58, luego que 57, cuando se identificó un cadáver, de modo que, de desaparecido, uno pasó a ser muerto. El martes la procuraduría de Guerrero informó que habían aparecido 13, y de inmediato, en Chilpacingo, el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan desmintió esa versión, al explicar que los 13 de la procuraduría en realidad no estaban en la lista de los 57 desaparecidos.

Los normalistas, por su parte, manejan una lista de 38, pero aún entre ellos ya surgió la confusión.

El hecho es que se trata de un asunto sumamente grave. Ya las autoridades comprobaron que los jóvenes fueron trasladados en patrullas oficiales y encerrados en los separos de la policía, pero de ahí en adelante no hay pistas.

No hay lógica en ello: Iguala está entre los cuatro municipios más importantes del estado, era el tercero donde se aplicaría el mando único y sería el primero donde empezaría a operar el nuevo sistema penal acusatorio; cuenta con cámaras de vigilancia y presencia militar y de la Policía Federal. ¿Cómo es que nadie vio nada?

El presidente Enrique Peña Nieto ofreció apoyo al gobierno de Guerrero para respaldar a las instituciones que estuvieran débiles. Quizá sea ocasión de tomarle la palabra para que todo el poder del Estado ayude a localizar a esos muchachos, sean 50 o 38.

El precedente que se sienta con el asesinato a mansalva de tres de ellos, la agresión a un equipo de futbolistas porque los confundieron con estudiantes y las desapariciones, cometidas todas por policías, es muy grave. Ni el gobierno ni la sociedad deben dejarlo pasar como si nada.

Pero sobre todo, urge encontrar a los desaparecidos.