a secretaria general de la Cepal, Alicia Bárcenas (por cierto, de nacionalidad mexicana), de nueva cuenta restriega el dedo en una de las grandes heridas sociales: el único país de América Latina donde el salario mínimo no ha crecido es México, y este ingreso no permite al trabajador cubrir siquiera sus necesidades básicas, como lo obliga la Constitución.

Doña Alicia subrayó que la llave maestra contra la desigualdad es el empleo bien remunerado, con seguridad social y derechos, pero en México no se paga una remuneración digna que cubra las necesidades básicas de la familia, no sólo por el raquítico monto del salario mínimo, sino por la constante pérdida de poder adquisitivo, que ha sido brutal.

Hasta allí, el comentario de la secretaria general fue puntual, pero la confusión comenzó cuando la señora Bárcenas agregó que, por lo descrito, la Constitución mexicana se viola en parte (¿¿¿???), por mucho que en los hechos la trasgresión no sólo sea al 100 por ciento, sino de muchos años atrás (del último par de años de José López Portillo a la fecha, cuando menos).

Textualmente, la Constitución obliga a que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos…”. Entonces, queda claro que en este renglón la violación a la carta magna no ha sido en parte ni en ocasiones, sino total, brutal y reiterada.

En este espacio se ha comentado que cuando Miguel de la Madrid llegó a Los Pinos el salario mínimo nacional promedio por día era de 318.28 viejos pesos (a esa cantidad hay que quitarle tres ceros), y al término de su mandato tal mini ingreso se había incrementado a 7 mil 252.92 viejos pesos. Un aumento nominal cercano a 2 mil por ciento, pero en igual periodo la inflación fue superior a 4 mil por ciento, de tal suerte que sólo en el sexenio de ese personaje el poder adquisitivo real del salario mínimo se desplomó más de 50 por ciento.

De allí en adelante esa ha sido la norma, y a estas alturas la pérdida del poder adquisitivo del salario se aproxima a 80 por ciento, y no por algo fortuito, sino como resultado del control salarial impuesto por el gobierno para efectos inflacionarios, que si bien cumplió con su cometido paralelamente sirvió para incrementar las ganancias del capital y la miseria de millones de mexicanos.

Cuando a principios de agosto pasado se inauguró el foro internacional salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento económico, organizado por el Gobierno del Distrito Federal (cuyo jefe, Miguel Mancera, ha sido el promotor de un acuerdo nacional para incrementar el mini ingreso de 67.29 a 82.86 pesos en 2015, hasta alcanzar gradualmente 171 pesos al cierre del sexenio), Alicia Bárcenas subrayó que México es el único país donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de la pobreza per cápita, advertencia que, de tiempo atrás, regularmente hace ese organismo especializado de la ONU. Y gobierno y empresarios siempre responden como los llamados monos sabios (no ven, no oyen, no escuchan).

De hecho, antes de la realización de ese foro la propia Cepal divulgó que en un estudio reciente sobre los efectos del salario mínimo en México se descubrió que una parte significativa del incremento de la desigualdad entre finales de los años 80 y comienzos de la década de 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real. Más aún, esta evolución explica prácticamente todo el incremento de la desigualdad en los quintiles inferiores de la distribución de ingresos durante los años 90.

Pues bien, para 2014 el salario mínimo diario nominal promedio en el país es de 65.58 pesos, aunque para efectos de poder adquisitivo real hay que restarle el 80 por ciento (quedaría en poco más de 13 pesos). El último año con un aumento nominal de dos dígitos para el salario mínimo fue 2000, el último de Ernesto Zedillo. De allí en adelante los incrementos corresponden, en el mejor de los casos, a la inflación oficial reportada, en ese entonces, por el Banco de México y, a partir de julio de 2011, por el Inegi.

A estas alturas, 67 de cada cien mexicanos con ocupación formal e informal obtienen un ingreso de entre cero y tres salarios mínimos, y están condenados a sobrevivir en las peores condiciones, por mucho que los muy mexicanos monos sabios aseguren que muy pocos obtienen ese ingreso y que en realidad el salario mínimo sólo sirve para fijar el monto de las multas.

Lo publicado el pasado domingo por La Jornada (Roberto González Amador) lo sintetiza puntualmente: los trabajadores asalariados participan cada vez menos de los dividendos generados por la economía. Sus remuneraciones, medidas respecto del valor total de los bienes y servicios producidos en la economía, cayeron a su nivel más bajo en al menos cuatro décadas. La participación perdida por los salarios se ha trasladado a la proporción de la riqueza que corresponde a las ganancias empresariales.

Cuando inauguró el citado foro, Miguel Ángel Mancera aseguró que existe la convicción necesaria para construir una política pública de salario mínimo bien pensada, estructurada y con toda responsabilidad, en el entendido de que hay un rezago de 35 años en los salarios mínimos, lo cual ha llevado a una pérdida de alrededor de 77 por ciento del poder adquisitivo; es decir, ahora sólo podemos adquirir 23 por ciento de lo que se podía comprar en los años 70. Como se ha detallado en este espacio, en esos 35 años siete son los gobiernos responsables de hundir el poder adquisitivo del salario, y en términos llanos ello se traduce en que una generación y media de mexicanos, sin considerar el rezago histórico, ha sido condenada a vivir en la pobreza, y todavía no se toca fondo.

Lo mejor del caso es que la solución está a la vuelta de la esquina, porque el consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (el encargado de matar año tras año al mini ingreso) acordó crear por unanimidad la comisión consultiva para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales. Verán qué bien lo hace.

Las rebanadas del pastel

Tras los sucesos en Tlatlaya, Iguala, Acapulco, Guachochi, Tlaquepaque-Zacatecas, los que se quedan en el tintero y los que se acumulen, da tranquilidad saber que los niveles de violencia en el país han disminuido y hay avances alentadores en esta materia (EPN dixit).

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