n el patio central de la Es­cuela Normal Rural de Ayotzinapa sus estudiantes levantaron un modesto memorial en el que están inscritos los nombres de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, dos de sus compañeros asesinados durante la represión a esa comunidad estudiantil, ejecutada por las policías estatal y federal en diciembre de 2012. Los normalistas habían organizado una marcha para demandar audiencia con el gobernador y plantear solución a problemas que enfrentaba su institución y la mejora en sus condiciones de estudio en la escuela-internado. Sólo obtuvieron en res­puesta disparos de los cuerpos policiacos. No obstante que diversos organismos de derechos humanos acreditaron la legitimidad de la protesta estudiantil y documentaron la ejecución extrajudicial de Gabriel y Alexis y otros delitos cometidos por sus agresores, los familiares y estudiantes normalistas continúan reclamando justicia: los responsables de los crímenes siguen a salvo.

Pero, otra vez, los normalistas de Ayotzinapa han sido agredidos violentamente y de nueva cuenta asesinados integrantes de su comunidad estudiantil. El ataque se produjo entre el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre en Iguala, lugar al que se desplazaron decenas de estudiantes para hacer boteo, tarea que regularmente llevan a cabo para acopiar recursos para sus actividades escolares y estudiantiles. Al retornar a su escuela ocuparon tres autobuses sin pasajeros; sobrevino entonces su persecución por la policía municipal y grupos de pistoleros que dispararon armas de grueso calibre a los transportes que habían abordado. La saña e histeria policiaca de esa noche también incluyó disparos a autobuses que no conducían estudiantes y automóviles particulares. Los ataques tuvieron por resultado, según la procuraduría estatal, seis muertos y 25 heridos; varios por arma de fuego y graves. Por su parte, los estudiantes han denunciado la muerte de tres compañeros, cinco heridos por balas, 20 detenidos, otros tantos desaparecidos y la participación de otros cuerpos de seguridad en la agresión.

Lo ocurrido en Iguala reitera la existencia de una persecución sistemática hacia las movilizaciones sociales, comunitarias, magisteriales, populares y estudiantiles en la entidad guerrerense, gobernada bajo la franquicia de un partido que todavía se proclama de izquierda. Los homicidios de dirigentes campesinos, activistas sociales, opositores políticos y encarcelamiento de múltiples líderes de movimientos en resistencia son una constante. Una nueva versión de guerra sucia padecida en otros tiempos por la población sureña: Ayotzinapa es un absurdo y dramático ejemplo de esa violencia.

La reacción gubernamental frente a los estudiantes de Ayotzinapa debe explicarse igualmente desde las coordenadas que han determinado la política educativa hacia las normales rurales. Son instituciones que desde hace décadas subsisten bajo asedio del poder gubernamental y han resistido los proyectos para exterminarlas. Por ello, las persistentes movilizaciones desplegadas por los estudiantes de Ayotzinapa y otros normalistas rurales del país son expresión de una resistencia comprometida con la preservación de sus centros educativos y el derecho a la educación para jóvenes como ellos, surgidos de comunidades indígenas y campesinas. No es casual que en la batalla educativa que libran los estudiantes rurales y socialistas casi por regla general las autoridades educativas y el gobierno amenacen con cerrar sus escuelas o acudan a su persecución y represión. No los escuchan ni atienden, pero siempre pretenden atinarles.

La reforma educativa impuesta por el actual gobierno y sus aliados ha constituido un grave riesgo y desafío para el futuro de la educación pública y el magisterio nacional. Un amplio segmento de maestros se ha enfrentado y persiste en su empeño de impedir que las regresiones educativas sancionadas sean el modelo para educar a millones de niños y jóvenes en las instituciones públicas y degradar y empobrecer el trabajo docente. Pero, asimismo, incide de manera profunda en la formación de los futuros maestros y en consecuencia en las escuelas normales en las que estudian. Los riesgos mayores, como era previsible, serán para las normales rurales. En primer término, se proyecta desmontar de manera definitiva la formación propia del maestro rural y homogeneizar sus planes de estudio con el resto de las instituciones formadoras de docentes, que equivale a la virtual desaparición del normalismo rural, aun cuando nominalmente se mantenga. Es decir, normales rurales sin formar maestros rurales. Además, con el flamante Servicio Profesional Docente, a los egresados de estas instituciones se les ha excluido del ingreso al trabajo magisterial para el que fueron preparados. Centenares de profesores de las normales rurales muy probablemente no serán seleccionados y estarán impedidos para ejercer como docentes en la escuela pública. Así, gradualmente se abonará a su decrecimiento y posible eliminación.

A los normalistas rurales, con la reforma educativa, se les pretende arrebatar su futuro como docentes, y con la represión y el homicidio se arrebata la vida a jóvenes que estudiaban para ser maestros.

*Profesor investigador del Instituto Mora y coordinador del libro El secuestro de la educación