l gobierno que encabeza Mariano Rajoy cumplió ayer su amenaza de activar al Tribunal Constitucional en contra de la consulta que las autoridades de Barcelona tienen previsto realizar el próximo 9 de noviembre para preguntar a la sociedad si desea la soberanía con respecto al Estado español. Con una rapidez que da cuenta de su supeditación al Ejecutivo, el tribunal admitió los recursos enviados por La Moncloa contra las disposiciones que fundamentarían el ejercicio democrático –la Ley de Consultas, aprobada por el parlamento catalán, y el decreto de la Generalitat que convoca al plebiscito sobre el futuro político de la aún comunidad autonómica– y ordenó un compás de espera de cinco meses, con lo que sienta las bases para una confrontación abierta entre Madrid y Barcelona.

Más allá de la ya mencionada sumisión del Constitucional al gobierno de Rajoy, el fallo clausura las vías legales para el desarrollo del soberanismo catalán y deja a esa causa en el laberinto construido por la clase política madrileña para frustrar cualquier perspectiva de secesión catalana: citado a la letra, uno de los argumentos de La Moncloa señala que el decreto para la consulta tiene por finalidad exclusiva convocar un referendo que tiene por objeto que el pueblo de Cataluña se pronuncie sobre si quiere que Cataluña sea un Estado independiente, y este objeto es inconstitucional.

Por otra parte, Rajoy ha declarado que la Generalitat y el Parlament se atribuyen, al llamar a las urnas, facultades exclusivas del Estado español, poderes que, evidentemente, su gobierno no está dispuesto a ejercer para permitir que los catalanes se manifiesten en torno a su futuro político.

Acaso sin proponérselo, el gobierno de Madrid ha puesto en evidencia el carácter antidemocrático de la Constitución vigente y del Estado español, y ha contrastado la intolerancia y la cerrazón propias con la muestra de civismo brindada hace unos días en Escocia, donde la sociedad pudo recurrir a las urnas sin cortapisas para decidir en ellas su independencia o su permanencia en el Reino Unido.

Asimismo, La Moncloa exhibió su rostro autocrático y contrario a derechos colectivos básicos, como es el de los pueblos a la autodeterminación, y se colocó ante el repudio de una de las nacionalidades más dinámicas y sólidas de la península ibérica. No es una buena perspectiva para el gobierno español, especialmente si se considera que Rajoy viene de perder una partida fundamental ante la sociedad: apenas la semana pasada, la administración del Partido Popular hubo de renunciar a su empecinamiento de limitar el derecho de las españolas a interrumpir el embarazo y se vio obligado a sacrificar a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, impulsor principal de una reforma cavernaria y regresiva en materia de aborto.

Más grave aún, la relación institucional entre Madrid y Barcelona ha sido colocada en un callejón sin salida en el que todos pierden, tanto si el gobierno catalán sigue adelante con su decisión de realizar en rebeldía la consulta del 9 de noviembre, como si desiste, por el momento, de llevarla a cabo. El primer escenario conllevaría un abierto rompimiento entre el poder local y el nacional, y el segundo sería visto por el conjunto de los catalanes como una imposición autoritaria. La moneda está en el aire.