Monterrey, NL, 27 de septiembre.

El abogado Mariano Núñez entregó un documento al Congreso local en el que argumenta que debido a fallas jurídicas, debe suspenderse el proyecto hidráulico Monterrey VI. Refiere que a Nuevo León no le falta agua, pese a lo cual se busca transportarla del río Pánuco, en Veracruz, a la presa Cerro Prieto, en Nuevo León. Además de que es un gasto millonario, pues pretenden pagar 17 mil millones de pesos a las constructoras.

El integrante del Colegio de Abogados de Nuevo León y de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del estado señaló que entre las omisiones está no realizar consultas entre los usuarios ni tomar en cuenta al Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de Nuevo León; tampoco se hizo partícipe a las comunidades de Veracruz y San Luis Potosí que serán afectadas.

Pronosticó que Monterrey VI enfrentará una lucha legal en la que los afectados tienen, conforme a derecho, todas las posibilidades para detener el proyecto que es el más grande del sexenio del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Dijo que los afectados no tendrán problemas en demandar ante cortes internacionales la suspensión, lo que provocará un gasto extra, por lo que exhortó a las autoridades a corregir las fallas desde ahora y no esperar a que los trabajos avancen.

Las ganadoras de la licitación son las empresas Concretos y Obra Civil del Pacífico, SA de CV, filial del grupo Higa, con domicilio en Toluca, estado de México. La empresa encabeza, con 37.75 por ciento de las acciones, un grupo formado también por las constructoras Controladora de Operaciones de Infraestructura, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), con 37.75 por ciento; Desarrollos Rogar, con 15 por ciento; Recsa Concesiones, SAPI, con 6.5 por ciento, y Productos y Estructuras de Concreto con el 3 por ciento restante.

Agregó que el manejo de la convocatoria del acueducto viola tratados internacionales con Estados Unidos, como el Acuerdo por la Paz para la Protección del Medio Ambiente Fronterizo que forma parte de convenios paralelos al Tratado de Libre Comercio y el Programa Frontera 2020.