La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó entre enero de 2013 y julio pasado al menos mil 800 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunta defraudación fiscal, sin que fuera respetada la garantía de defensa adecuada de los contribuyentes, ya antes de las querellas se dejó de cumplir con la visita domiciliaria a la que tiene derecho cualquier deudor del fisco.

Según consta en registros estadísticos de la Unidad de Delitos Fiscales de la PGR, las más de mil 800 averiguaciones previas iniciadas durante los primeros 18 meses de administración del priísta Enrique Peña Nieto por presunta defraudación al fisco derivaron de querellas presentadas por la PFF, sin que se hubiera dado oportunidad al contribuyente de presentar la documentación necesaria para aclarar su situación fiscal.

Funcionarios de la PGR y del Poder Judicial Federal entrevistados por La Jornada indicaron que la autoridad hacendiaria aplica una estrategia de cobro coactivo, que consiste en revisar al azar los registros de los contribuyentes, personas físicas y morales, a fin de comparar los montos de su declaración anual de ingresos con el registro anual del ingreso de dinero a sus cuentas de ahorro bancarias.

Cuando los montos reflejados en las cuentas bancarias superan las cantidades declaradas por algún contribuyente en su declaración de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria y la PFF proceden a elaborar la querella correspondiente por defraudación fiscal ante la PGR.

A decir de los funcionarios del Poder Judicial Federal entrevistados, se trata de una violación a debido proceso, ya que el Código Fiscal de la Federación obliga a la autoridad hacendaria a ejercer sus facultades de comprobación, previo a la presentación de la querella, pero respetando la garantía de audiencia del contribuyente, es decir, mediante una visita domiciliaria debidamente requisitada, en la que se otorgue al presunto deudor del fisco la posibilidad de aclarar su situación y/o pagar su adeudo.

Desde el inicio del sexenio peñista, el SAT solicita a bancos información sobre los ingresos y transacciones de los contribuyentes, incluso de aquellos que no tienen ningún adeudo o crédito fiscal en firme.

Se emite el presente requerimiento de información para fines fiscales, sobre los pagos realizados por sus cuentahabientes a las diversas tarjetas de crédito con las que cuenten, con el objeto de planear y programar actos de fiscalización, refiere un oficio enviado desde enero de 2013 por la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT a todos los bancos que operan en territorio mexicano.

Especialistas en material fiscal consultados por este diario señalaron que es factible que ingresos no declarados sean aplicados para hacer pagos en efectivo a tarjetas de crédito, lo que busca evitar el SAT.

La información solicitada incluye nombre del cuentahabiente, RFC, CURP, límite de crédito en la tarjeta al 31 de diciembre y montos sin importar la forma de pagos mensuales y desglosados.