Cartagena de Indias, Colombia, 16 de septiembre.

Los sistemas de justicia de corte oral y acusatorio que hace más de una década comenzaron a implementarse en Guatemala, El Salvador, Chile, Honduras, y de manera más reciente, en Colombia, han comenzado a colapsar, por lo que en la actualidad se encuentran en un proceso de regresión, contracción y reversa, coincidieron litigantes de Latinoamérica entrevistados por La Jornada.

Los académicos y capacitadores para abogados de sistemas adversariales Andrés Rodríguez Piedrahita, de Chile; Verónica Lucía Aracena, de República Dominicana; Claudia Kaal Menchú, de Guatemala; Carlos Prats Vázquez, de El Salvador; Jorge Suarez, de Honduras, y Fernando Tribin Echeverry, de Colombia, hablaron con este diario sobre las experiencias del sistema acusatorio que se aplica en sus respectivos países, durante charlas por separado.

Los casos más drásticos son los de Guatemala, Chile y Colombia, pues en esos países, entre 2012 y el presente año, se realizaron una especie de reformas a sus reformas constitucionales, lo que, en los hechos, provocó que los sistemas de justicia penal ahí implementados sean hoy más inquisitivos y menos garantistas que los que tenían previamente a que entrara en vigor la oralidad de sus juicios, destacó el abogado penalista Andrés Rodríguez, con más de 20 años de experiencia de litigar en tribunales chilenos.

Claudia Kaal, también abogada penalista, refirió que el problema no son los juicios orales en sí, sino el hecho de que cualquier sistema adversarial y acusatorio, de cualquier parte del mundo, únicamente funciona si las partes de alguna controversia llevan sus diferencias a un juicio oral en casos excepcionales. Es decir, el secreto de estos sistemas está en las salidas alternas de solución de controversias, pues, de lo contrario, cualquier sistema de justicia, tarde o temprano, termina por colapsar, como ya le sucedió a Guatemala.

El caso de Colombia no escapa a este problema, indicó Tribin Echeverry.

En este país, el sistema de justicia penal comenzó a implementarse de manera gradual a partir del año 2005, pero en la actualidad, cuando se está por cumplir una década de implementación, los tribunales orales están desbordados: hay rezago en la resolución de los juicios, las audiencias se difieren cotidianamente, ya que los abogados de oficio y los fiscales ministeriales no se dan abasto con tantos juicios que llegan a los juzgados y, por si fuera poco, los índices de impunidad no disminuyen.

Fernando Tribin Echeverry, uno de los abogados penalistas colombianos más reconocidos por el gremio de litigantes expertos en juicios orales y capacitador de la organización estadunidense Latin American Bar Association (LABA), dijo que en los primeros dos meses de 2014 se realizaron reformas legales que han vuelto más inquisitivo al sistema de justicia penal colombiano.

Es muy preocupante esta situación, y preocupa porque un sistema adversarial y acusatorio, como el que se implementó en Colombia, si se desarticula en sus pesos y contrapesos puede volverse mucho más complejo y difícil desde el punto de vista de garantías, respecto de lo que podía ser en un proceso inquisitivo como el que teníamos antes, destacó Tribin.

Agregó que el camino de regreso a un sistema inquisitivo es tan grave que si uno ve que el proceso de reversa no para, casi que sería mejor volver a lo que había antes de la reforma de los juicios orales y no mantenernos en la fachada de un supuesto sistema adversarial, acusatorio y garantista, pues, en los hechos, es algo que en realidad no lo es.

Desde la óptica de Tribin, todo esto sucede por la cultura de las personas latinoamericanas: la gente en Colombia, como en Chile, como en Guatemala, como en El Salvador, como seguro pasa en México, no entiende, no quiere aceptar que las salidas alternas de solución de controversias ni las salidas negociales de los conflictos son el único camino para que funcione el sistema acusatorio (tal es el caso de Estados Unidos e Inglaterra), la gente sigue con la vieja creencia de que negociar es igual a impunidad.

Los casos de El Salvador, Honduras y República Dominicana no son la excepción al problema de la curva regresiva, destacan los abogados de esos países Carlos Prats Vázquez, Jorge Suarez y Verónica Lucía Aracena, respectivamente.