Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente ante el riesgo de que el vocero de la tribu yaqui, Mario Luna Ramos –detenido por elementos de la Policía Judicial el pasado 11 de septiembre en Ciudad Obregón, Sonora–, enfrente un juicio injusto, debido a la lucha que esa comunidad ha mantenido contra la construcción y operación del acueducto Independencia.

El organismo internacional manifestó su preocupación por que el caso contra Luna Ramos –quien es acusado por las autoridades del estado de robo de vehículo y del secuestro del yaqui Francisco Antonio Delgado, quien tiene vínculos con el gobierno local– tenga motivaciones políticas, debido a su liderazgo en las protestas contra el acueducto, que afecta el acceso al agua de la comunidad indígena yaqui.

En la acción urgente, dirigida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, AI indicó que luego de ser detenido (la captura se dio por la mañana) se negó acceso a sus familiares y abogados hasta el final de la tarde, momento en que había sido trasladado a una prisión fuera de la capital del estado (Hermosillo).

Recordó que la comunidad yaqui ha mantenido diversas protestas y medidas legales para detener la construcción y operación del acueducto Independencia, que extrae agua del río Yaqui. Esta comunidad indígena argumenta que el acueducto atenta contra su cultura y pone en peligro los medios de vida tradicionales. Apuntó que los gobiernos estatal y federal no pudieron obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad mediante un proceso de consulta transparente.

En su comunicación, dada a conocer este 15 de septiembre, AI destacó que en junio de 2013 Francisco Delgado Romo –quien acusa a Luna de secuestro– lanzó su vehículo contra los miembros de la comunidad que participaban en una barricada contra el acueducto. Por ello, los pobladores lo retuvieron como medida de sanción basada en los usos y costumbres. Dos días después lo dejaron ir. En ese hecho se basa la acusación contra el vocero y otros tres líderes de la comunidad yaqui.

Amnistía Internacional ha examinado las pruebas presentadas contra Luna Romero y le preocupa que el caso en su contra sea parcial y pueda estar motivado políticamente. Agregó que, en caso de ser sometido a proceso, el líder indígena no podrá alcanzar fianza, por lo cual podría enfrentar una detención prolongada, poniendo su seguridad en riesgo.

Por ello, apremió a las autoridades estatales y federales a garantizar el derecho del detenido a un juicio limpio e imparcial y que en todo momento se evite que el proceso tenga motivaciones políticas. Asimismo, AI pidió que se garantice la seguridad de todos los miembros del pueblo yaqui y que se respete su derecho a la protesta pacífica contra la construcción de dicho acueducto.