En México se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Felipe Calderón, afirman organizaciones civiles que presentaron una segunda denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por torturas, privación de la libertad y desaparición forzada cometidas en Baja California entre 2006 y 2012.

En la lucha contra el narcotráfico, el Ejército incurrió en este tipo acciones en perjuicio de la población civil, principalmente de clase media baja y baja, afirma el reporte elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH).

En el documento las agrupaciones dan cuenta de 30 casos en los que se vieron involucradas 95 personas de tres municipios de Baja California, a los que se acusó de ser sospechosos de participar con grupos relacionados con el narcotráfico.

Las detenciones formaban parte de una acción sistemática, aseguran. Elementos del Ejército, con frecuencia vestidos de civil, las llevaban a cabo sin orden judicial en las casas de las víctimas, a las que trasladaban a instalaciones militares donde las torturaban, las obligaban a firmar hojas en blanco que luego se utilizaban para incriminarse o señalar a otras personas como responsables de ilícitos.

Incluso, agregan los demandantes, a los afectados se les llegó a presentar como integrantes de cárteles, previa implantación de armas y droga como evidencia. Todo, con tal de que el gobierno federal pudiera presentar a la opinión pública sus avances en la lucha contra el crimen organizado.

Se trata, resalta el informe, de crímenes de lesa humanidad, en los cuales prevalece la impunidad. Los casos de Baja California son apenas una parte de un fenómeno que se reprodujo en otros lugares de la República y que explican el incremento de 500 por ciento en las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tortura atribuida a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

De acuerdo con información oficial, se tiene registro de miles de casos de desapariciones forzadas, la detención arbitraria de más de 8 mil personas y la ejecución de más de 70 mil, de acuerdo con los datos recopilados en 2012 por el relator de la Organización de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales.

Las organizaciones solicitaron a la CPI que investigue, que anuncie un análisis preliminar sobre México y realice una misión al país. El reporte complementa uno previo presentado por las mismas organizaciones civiles en octubre de 2012.

Si bien este tipo de ilícitos se registraron en varias entidades de la República, el informe se concreta a la situación en Baja California, donde a partir de 2009 aumentaron los casos de tortura y desaparición fozada. En 2008, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California recibió 26 denuncias; para 2013, la cifra llegó a 11 mil 29.

Organizaciones de derechos humanos han documentado la participación directa principalmente de elementos de las fuerzas armadas y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California.

El documento hace énfasis en la impunidad que prevalece. No se conocen investigaciones ni procedimientos penales por estos hechos contra altos mandos del gobierno, y en los casos donde se iniciaron averiguaciones previas no ha habido resultados. En ningún caso se ha condenado penalmente a los responsables por las conductas que podrían constituir crímenes según el Estatuto de Roma, apuntaron las agrupaciones.

También comentaron que a pesar de las denuncias por tortura entre 2005 y 2013, en el Consejo de la Judicatura Federal apenas se han emitido cuatro sentencias, y sólo dos se encuentran firmes.

Al final del reporte se plantea a la CPI la posibilidad de que en su indagatoria solicite a las autoridades mexicanas información sobre las investigaciones y procedimientos penales abiertos para juzgar a los presuntos responsables de los delitos cometidos en contra de la población civil.

También lo relativo a las estructuras militares que actuaban en Baja California durante el periodo referido y su relación con los agentes estatales y autoridades municipales. De igual forma, se podría solicitar al gobierno federal los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativos a quejas sobre detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en dicha entidad entre 2006 y 2012.