Las agresiones contra la tribu yaqui y la detención de su representante Mario Luna es la síntesis de la situación de ilegalidad en que se encuentra el país. Representa otro episodio en la lucha del dinero y de los funcionarios que se unen al poder económico para exterminar a los que estorban y apoderarse del territorio nacional, afirmó el historiador Adolfo Gilly.

En conferencia de prensa de organizaciones civiles que exigieron la inmediata liberación del vocero de la tribu yaqui, aprehendido este jueves en Sonora por su presunta responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad y robo, el investigador y colaborador de La Jornada exhortó a los políticos de izquierda a unirse en una sola voz para exigir la liberación de Luna, porque con él y otros casos de luchas sociales en diferentes estados de la República se juega el destino del país.

Rodrigo Gutiérrez, integrante de la Misión Civil de Observación sobre la Consulta a la Tribu Yaqui, puntualizó que la detención de Lu­na se propone callarlo, de disolver la movilización del pueblo yaqui que durante años ha luchado contra la construcción y operación del acueducto Independencia.

Recordó que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que reconoció la violación a los derechos humanos de los indígenas de Sonora que no fueron tomados en cuenta para la construcción del acueducto, además de que los trabajos se iniciaron sin contar con la manifestación de impacto ambiental.

Los ministros ordenaron que se hiciera la consulta y se suspendieran las actividades de la obra. Nada de eso ha ocurrido, a pesar del tiempo transcurrido, señaló. En cambio, se da a conocer que el gobernador Guillermo Padrés es propietario de una represa en la que acumula para un negocio personal 4 millones de metros cúbicos de agua.

Con su oposición al acueducto, la tribu yaqui reclama y defiende su derecho al agua, a la sobrevivencia de su cultura y tradiciones. El problema es que se oponen al poder económico que avanza por todos lados, advirtió Gilly.

Es lo mismo que ha ocurrido en otros lugares de la República, como la presa La Parota o los zapatistas en Chiapas o como será en el futuro cuando las empresas privadas empiecen las exploraciones petroleras y, al amparo de la ley, desplacen a las poblaciones donde encuentren petróleo. Todo es quitar el territorio del control de los mexicanos, agregó.

Por eso, el caso de los yaquis y la aprehensión de Luna debe ser motivo de atención de políticos de izquierda y la sociedad en general. Nos jugamos el destino entero del país, agregó.

Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, dijo que los abogados de Luna lograron verlo la noche del jueves, alrededor de las 21 horas; constataron que está bien, no fue víctima de golpes y solicitó la ampliación del plazo constitucional para rendir su declaración preparatoria.