El reciente informe de Amnistía Internacional sobre la tortura en México demuestra que continúa esa práctica y la resistencia de las autoridades nacionales a admitirlo, no sólo porque ya es parte estructural del sistema judicial del país, sino porque erradicarlo implicaría develar la participación de autoridades de alto nivel en ese delito, subrayaron activistas de organizaciones sociales.

Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, lamentó que el Estado mexicano siga negándose a reconocer la persistencia y gravedad de la tortura, así como a investigar y sancionar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad y garantizar a las víctimas la reparación integral del daño.

Es normal que el gobierno de México se resista a admitir esa práctica, porque eso destaparía una serie de fallas, errores y simulaciones en los procesos judiciales, desde la detención de las personas hasta el momento en que las obligan a firmar una declaración para autoinculparse, indicó.

Por más preocupante que sea dicho fenómeno, el Estado no quiere reconocer que es parte estructural de su sistema de justicia y seguridad. Además, hacer una autocrítica conllevaría sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y esto tocaría a funcionarios de alto nivel que han sido omisos.

En vez de reconocer este problema en su verdadera dimensión, agregó Ramírez Baena, las autoridades han optado por no tomar acciones para acabar con ella, pues es una herramienta que además les sirve para presentar cifras alegres de encarcelamientos y sentencias para probar la supuesta eficacia de la lucha contra la delincuencia.

Isabel Rosales, del Taller de Desarrollo Comunitario, consideró por su parte que la tortura sigue ocurriendo en México porque forma parte de este sistema. Es una forma de control social, de mantener aterrorizada a la población y que se haga a la idea de que pueden desaparecerla, matarla y torturarla si expresa lo que siente.

Más allá de usarla como una manera de fabricar culpables y obtener información, recalcó la activista, esta práctica busca intimidar a las personas y constituirse como un castigo ejemplar, lo cual va reforzando el miedo y la apatía de grandes sectores de la población.

Las condiciones no están del todo cerradas para acabar con la tortura. Si las autoridades realmente actuaran, habría una posibilidad de lograrlo, pero sabemos que no lo harán, deploró.