Después de casi dos años, el Senado finalmente descongeló el nombramiento de uno de los dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pendientes, cargo que a lo largo de esos meses pelearon PRD y PRI. Finalmente se optó por el doctor en derecho Alfonso Pérez Daza, cercano a los príístas, quien forma parte de los 35 aspirantes que desde finales de noviembre de 2012 comparecieron ante la Comisión de Justicia del órgano legislativo.

Una vez que el Revolucionario Institucional logró que se aceptara a Pérez Daza, quien se desempeñó como titular de la fiscalía electoral del estado de México, la intención es que el próximo martes sea nombrado por el pleno del Senado, y el Consejo de la Judicatura, el órgano del Poder Judicial responsable de la actuación de jueces y magistrados, pueda operar.

El otro nombramiento pendiente para consejero, que habrá de sustituir al panista César Jáuregui, cuyo encargo concluyó en marzo pasado, se resolverá también el martes, pero durante una reunión interna del grupo parlamentario del blanquiazul, toda vez que se trata de una postura de esa bancada que no se ha puesto de acuerdo aún entre los candidatos propuestos por integrantes de la misma. Sin embargo, ya hay dos aspirantes entre los que deberá recaer la decisión.

Los dos son cuadros políticos del PAN: Jorge Zermeño, ex legislador y ex embajador de México en España, y el jurista Felipe Borrero, quien durante el sexenio de Felipe Calderón trabajó en la Presidencia de la República como secretario técnico para la aplicación de las reformas constitucionales sobre seguridad y justicia.

En los dos nombramientos imperó el reparto de cuotas partidistas y quedaron fuera aspirantes con mayor trayectoria y carrera judicial. Para la primera vacante, que dejó el 30 de noviembre de 2012 el priísta Jorge Moreño Collado, se inscribieron 35 candidatos; entre ellos los magistrados José Patricio González Noyola, Jorge Enrique Wynter García y Rodolfo Lara Ponte, este último oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También formaban parte de los aspirantes inscritos Joaquín González Casanova, que se desempeñó como director del área de Equidad y Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, y Leticia Bonifaz, jurista, académica y consejera jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal, durante la administración de Marcelo Ebrard.

De hecho, en diciembre de 2011, los coordinadores de PRI, PAN y PRD en la legislatura que se iniciaba –Emilio Gamboa, Ernesto Cordero y Miguel Barbosa, respectivamente– acordaron que correspondería a los perredistas designar al consejero de la Judicatura, ya que priístas y panistas lo harían con dos ministros de la Suprema Corte.

El PRD había propuesto ya a Bonifaz, pero el PRI cambió a última hora y reclamó esa posición, ya que desde Los Pinos se quería impulsar a la magistrada Marta María del Carmen Hernández, subprocuradora de Justicia del estado de México durante el gobierno que encabezó Enrique Peña Nieto.

Hernández no logró vencer las resistencias de perredistas y panistas, quienes le reclamaban su participación en el controvertido caso de la niña Paulette Gebara Farah.

Luego trató de imponer a la magistrada de Nuevo León Graciela Buchanan, cuya candidatura se desplomó a principios de este año cuando se difundieron conversaciones de jueces con abogados de dueños de casinos, y en una de ellas se le oía pidiendo que le ayudaran a conseguir una entrevista con el coordinador perredista, Miguel Barbosa, para cabildear su nombramiento.