í, yo también quiero que me pregunten, que nos pregunten a todos sobre las reformas que le han sido hechas a la Constitución recientemente, aprobadas por el Congreso a iniciativa del Presidente de la República, en virtud de que se trata de temas que habrán de afectar para bien o para mal el futuro de la nación. Afortunadamente la Constitución ha sido también modificada para reconocer la necesidad y la importancia de que la sociedad mexicana en pleno sea consultada sobre aspectos de interés general y de trascendencia para todos. No sólo esto; de acuerdo con lo establecido por la Constitución, los resultados de las consultas hechas a la sociedad son de carácter vinculatorio.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ni más ni menos que el gobierno y en este caso también el Congreso están obligados a actuar de acuerdo con el parecer de la sociedad toda, de manera que si el resultado de la consulta fuese que la mayoría de los ciudadanos no está de acuerdo con las modificaciones hechas a la Constitución, o con las leyes secundarias que han sido aprobadas recientemente por el Congreso, sería obligación de éste proceder a su anulación, mientras que para el Poder Ejecutivo se trataría de una instrucción que el pueblo ordena para que modifique sustancialmente las políticas y medidas que ha venido impulsando en este sentido.
Por todo esto, debemos congratularnos de que tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Andrés Manuel López Obrador hayan convocado a esta consulta, de que Morena se haya propuesto visitar todas las viviendas posibles para recabar las firmas de ciudadanos para demandar su realización y también de los diversos movimientos que, como el de un grupo numeroso de artistas de cine y teatro, están apoyando y difundiendo la importancia de nuestra participación; pero a final de cuentas la responsabilidad de lograr la anulación de estas modificaciones es de la sociedad en su conjunto y hoy, como nunca antes, necesitamos que el descontento creciente y la desconfianza que ciertamente existe en todo el país, luego de las experiencias de engaño, de falsas promesas, de entrega de la soberanía y de compromisos no cumplidos por parte de nuestros sucesivos gobiernos, se exprese con toda su intensidad.
Sé, por los comentarios recibidos de artículos anteriores, que para muchos lo que estoy planteando no tiene sentido; me preguntarán si no me he dado cuenta que el gobierno termina haciendo lo que quiere, o si no he aprendido que las elecciones y las consultas no sirven para nada, porque quienes están en el poder son capaces de comprar voluntades, como compraron votos en la última elección, o que pueden también alterar los resultados, como lo hicieron para imponer a un presidente ilegítimo como sucedió en 2006, con Felipe Calderón.
De lo que se trata hoy es de corregir algo que se ha hecho mal, muy mal, y esto sólo es posible con la participación plena de la sociedad civil, o más aun, con la organización de la sociedad civil en torno a un propósito, que en este caso sería derogar las leyes que se han promulgado, por no ser acordes con la voluntad y los intereses de la nación, así como de hacerlo saber a las naciones de todo el mundo y a las empresas que piensan venir a establecerse a México, para explotar lo que es nuestro.
Para ello será necesario que seamos capaces de vigilar, a lo largo y ancho del país, que la consulta realizada por el IFE (perdón, INE) se apegue a las normas establecidas, que los resultados no sean alterados y que las argucias y los abusos cometidos por funcionarios de gobierno, sean federales o estatales, sean impedidos y vigilados, que los gastos de campañas millonarias en favor de las medidas privatizadoras sean enmarcados y limitados a derechos similares a los que se otorguen a quienes de manera organizada promocionen los argumentos contrarios, de acuerdo con los principios democráticos que deben ser demandados por nosotros con firmeza.
Por otra parte, es también necesario considerar la oposición por parte del gobierno y sus adláteres, a que la consulta se realice, utilizando desde ahora las argucias leguleyas que es posible prever y que éstas, de manera exitosa, logren que el sistema de justicia decrete la improcedencia de que la consulta sea realizada por las autoridades electorales, tal como la Constitución establece; en tal caso, será la sociedad organizada la que debe tomar el asunto en sus manos, ante la incompetencia formal del instituto electoral, demandando ante los más altos tribunales mundiales al gobierno mexicano por violentar la Constitución, preparándonos al mismo tiempo para hacer la consulta con nuestros propios medios, e incluso protegida por fuerzas internacionales, en cumplimiento de los acuerdos que obligan al gobierno mexicano a permitir y acatar la consulta, considerando que, de acuerdo con la Constitución misma, el poder supremo de la nación reside en el pueblo.
Es posible que para muchos esto sea un sueño iluso o ingenuo; sin embargo, existen cada día más ejemplos que han logrado cambiar naciones, a partir de la organización y movilización de la sociedad, con nuevas formas de lucha no violentas, mostrando ante el mundo que les asiste la razón; invoco aquí los casos de Nelson Mandela y del plebiscito que permitió a Chile hacer a un lado al gobierno que mantuvo su autoridad mediante el terror por 18 años. ¿Somos los mexicanos un pueblo incapaz de lograr algo así? Nuestra propia historia nos da la respuesta con la expropiación petrolera de 1938, pero también con la lucha armada contra la invasión francesa, promovida por un grupo de iluminados que, al igual que hoy, pensaban que el progreso de México sólo podría lograrse con la intervención de extranjeros que vinieran a organizarnos, porque nosotros no sabemos cómo hacerlo.
