A pesar de que la reforma educativa señala que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) no podrán destinarse al pago de comisionados en actividades sindicales y electorales, o que no estén vinculadas con la enseñanza, en el segundo trimestre del año se canalizaron 416 millones 409 mil 106 pesos a ese rubro.

De acuerdo con la información reportada por los estados a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en cumplimiento del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en diversas entidades se otorgan recursos de la Federación para salarios de personal comisionado a labores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Juan Díaz de la Torre.

En algunos, como Coahuila y Nuevo León, se incluye a trabajadores que realizan tareas en los comités seccionales electorales, con créditos, vivienda, negociación salarial, e incluso en otras dependencias.

En la lista entregada por Nuevo León se identifica a personal con clave hacendaria a cargo del FAEB en comisiones en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que incluye personal en funciones de asesor o designado al área lúdica del Centro de Justicia Familiar.

En funciones específicas de asesor en la PGJ se detectó a Martín Claudio Moya González, quien ostenta seis plazas y obtuvo percepciones pagadas con recursos del presupuesto federal por 174 mil 657 pesos.

Además se detectó al responsable del área de Prevención de la PGJ, con clave 1103074819 E046307.0190670, que corresponde a Marco Antonio Garza García, quien percibió 15 mil 212 pesos de recursos públicos.

De acuerdo con la información publicada en el portal de la SEP, los estados de México, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco no reportaron personal comisionado. En el caso de los trabajadores que solicitaron licencia en el segundo trimestre del año, los gobiernos locales enviaron un listado de 12 mil 768 nombres, lo que representó una inversión de 308 millones 239 mil 418 pesos.

A esto se agrega que en el documento enviado a la SEP por 29 entidades –ya que el Distrito Federal no dio información por no recibir recursos del FAEB, y Aguascalientes y Baja California Sur entregaron sus datos fuera del plazo especificado– se detectó que en 21 hay trabajadores que cobran pese a enfrentar diversas irregularidades.

Entre ellas, personal cuyo salario base supera los ingresos promedios de un docente en la categoría más alta del tabulador que corresponde a cada entidad, situación en la que se encuentran 8 mil 528 personas, de las cuales 6 mil 943 corresponden a Yucatán, con un gasto del presupuesto federal por 131 millones 289 mil 274 pesos.

Además, se detectó que en el país hay 4 mil 965 trabajadores de la educación con doble asignación salarial en municipios no colindantes geográficamente, sin considerar los 17 mil 393 reportados por Tlaxcala.

Las autoridades estatales del ramo informaron que hay 4 mil 668 trabajadores en el sistema educativo, quienes cobran con un registro federal de contribuyentes o clave única de registro de población con formato incorrecto. De ellas, 3 mil 710 corresponden a Michoacán.

La SEP también reportó que 739 trabajadores ocupan plazas que superan el número de horas de compatibilidad autorizadas.