El Estado mexicano excluyó a 60 por ciento de la población que debe ser atendida por los programas gubernamentales. De esta manera, más de la mitad de las personas susceptibles de cuidado, de acuerdo con las definiciones y datos ofrecidos por el propio gobierno federal, quedaron marginadas del gasto público.

Así lo concluyó un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a petición de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el cual analizó el periodo de 2010 a 2012.

Los indígenas conforman el grupo que ha sido mayormente excluido en el diseño del gasto público; tras analizar 13 programas destinados a ese sector de la población, se demostró que más de 97 por ciento ha sido marginado. Le siguen las personas con discapacidad, con un promedio de exclusión de 96 por ciento de 2010 a 2012, en dos programas. El tercer lugar lo ocupan, en ese lapso, las mujeres, con 92 por ciento en cuatro programas.

Dicho análisis indica que en esa etapa el presupuesto para grupos vulnerables no rebasó 25 por ciento del gasto programable –es decir, planificado para un objetivo–, y sólo 5 por ciento identifica claramente a quien va dirigido.

El gobierno ha llegado de manera desigual a las poblaciones a través de bienes y servicios, y cuando la personas han pasado décadas en un sistema que los desiguala en el acceso a la educación, salud, seguridad y trabajo, tienen una posibilidad de desarrollo totalmente diferenciada, reconoció Ricardo Bucio Mújica, titular del Conapred.

Publicado bajo el título La desigualdad del trato en el diseño del gasto público federal mexicano, el estudio da cuenta de que existe un amplio grupo que no consigue el respaldo del Estado para superar sus condiciones vulnerables a pesar de contar con características similares a quienes sí lo obtienen. Es decir, la asignación de recursos a poblaciones parecidas no es equitativa.