El Senado de la República solicitó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, que envíe a esa cámara toda la información sobre el nuevo aeropuerto, en especial los estudios de impacto ambiental, proyección financiera, fuentes de financiamiento, procesos de licitación y viabilidad del proyecto en los predios seleccionados.

Al discutir el tema en el pleno, el senador Alejandro Encinas, del PRD, dijo que el titular de la SCT debe informar respecto del proceso de especulación urbana en la zona oriente del valle de México, en la región colindante con la zona federal del lago de Texcoco, Tizayuca, Chimalhuacán y Chicoloapan.

Además, Ruiz Esparza debe dar cuenta de la compra de tierras ejidales y privadas por grandes consorcios inmobiliarios que tenían el proyecto Ciudad Futura Texcoco, que se vino abajo cuando Manuel Cadena no logró ser presidente municipal.

Encinas sostuvo que el coordinador del proyecto del nuevo aeropuerto, Manuel Ángel Núñez, ex gobernador de Hidalgo, tenía a su cargo la frustrada edificación de la terminal aérea en Tizayuca y seguramente se busca dar compensaciones.

Advirtió que no se ha previsto el impacto ambiental en el lago de Texcoco y en el Distrito Federal, y no sólo en la zona metropolitana del valle de México, sino en la región centro del país. Si ligamos la construcción del aeropuerto con la del ferrocarril México-Toluca y las carreteras Naucalpan-Toluca y Villa Nicolás Romero-Atlacomulco, así como la ampliación de la línea del Metro de Los Reyes a Valle de Chalco, y de Martín Carrera a Ecatepec, junto con obras de Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Morelos, va a haber una reconfiguración de la región centro del país que implicaría una concentración de 40 por ciento de la población nacional sin que exista infraestructura para atenderla.

Con este plan “viene el desmantelamiento del proyecto lago de Texcoco e implica el desecamiento del lago Nabor Carrillo, uno de los últimos cuerpos de agua que controlan los niveles de temperatura y afectará a las aves migratorias –patos, pelicanos, gaviotas y halcones, entre otras especies”.

La perredista Alejandra Barrales dijo que debe valorarse la situación de los más de 25 mil trabajadores del actual aeropuerto, y la panista Mariana Gómez del Campo insistió en que debe explicarse por qué se va construir con recursos federales y se va a concesionar su operación. Va o no a ser propiedad del Estado, destacó.

El coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, afirmó que el nuevo aeropuerto es la privatización de los servicios públicos con su famosa ley público-privado, por lo cual el gobierno debe aclarar el origen de los recursos.