os meses antes de que comience el proceso electoral para renovar el gobierno del estado y los 81 ayuntamientos, el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se ha convertido en centro de una serie de cuestionamientos por el asesinato, hace cinco años, de quien fuera coordinador de la comisión de gobierno del Congreso local y aspirante a sucederlo en el cargo, Armando Chavarría Barrera.

La filtración periodística de una declaración ministerial –hasta ahora no reconocida ni negada como tal por la procuraduría– del ex comandante policiaco Trinidad Zamora Rojo, asesinado y hecho pedazos después de presentarla, en la que señala a Torreblanca y al ex titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón, como los autores intelectuales del crimen, pareció hacer tambalear la figura del ex mandatario.

Ello ocurre en el momento en que empieza a filtrarse el dato de que Torreblanca podría competir por la presidencia municipal de Acapulco por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con lo que se enfrentaría al casi virtual aspirante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

El martes Zeferino Torreblanca declaró casi en secreto en la procuraduría sobre el caso Chavarría, según informó esa dependencia a la medianoche.

Es innegable que el asesinato del ex diputado tiene gran trascendencia en el estado y que ha habido lentitud de los dos gobiernos que debían investigarlo, el de Torreblanca Galindo y el de Aguirre Rivero.

Sin embargo, si hubiera un uso político del tema para frenar la aspiración del ex mandatario de volver a gobernar Acapulco, al parecer el tiro saldría por la culata, pues al no podérsele imputar la autoría del crimen, las filtraciones, lejos de afectarlo, lo han vuelto a poner en el escenario.

Y si se confirma que será candidato del PRI, entonces los pronósticos en Acapulco se vuelven difíciles.