on el desplegado a toda plana publicado este primero de septiembre en varios diarios de alcance nacional, dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, Grupo México intenta esconder la magnitud de sus errores y justificar las pobres y erráticas acciones que ha emprendido para remediar el ecocidio con el que hundió a los pueblos y municipios del río Sonora. Se ha disfrazado con piel de cordero, pero no engaña a nadie, a pesar de que ilusamente al desastre lo llama accidente y casi implora al Presidente que no se le dé un trato discriminatorio a la empresa frente a otros eventos similares. En Sonora el comunicado se da a conocer en el contexto de la intervención a la minera por parte del Ministerio Público apoyado por la PGR, y la clausura de algunos departamentos de la misma. No pasará mucho tiempo para que atestigüemos si se trata de una acción que fincará acusaciones efectivas ante los delitos del consorcio, o si se trata de una faramalla más de las que utiliza el régimen para que luego todo quede igual. Hay aquí también una polémica respecto a qué hacer con el consorcio y si es posible que las sanciones lleguen hasta la cancelación de la concesión. Es este el punto en el que los sonorenses se juegan mucho de su futuro ecológico y social.

Hasta ahora Grupo México ha manejado la situación mediática tratando de sembrar la idea entre la opinión pública de que la desgracia obedeció a un hecho fortuito. Primero quiso argumentar que no pudo prever el desastre por lo atípico de las lluvias, pero luego que las autoridades le demostraron que ni el 6 de agosto ni días antes hubo lluvias en la zona, ha querido argumentar que todo se debió a la ruptura de una válvula mal instalada. Pero en la medida que se van conociendo los hechos reales la situación del consorcio se vuelve indefendible. Hay cuando menos dos errores que cometió la minera México, que explican la tragedia. El primero se refiere a que la pileta construida cercana al río Bacanuchi no estaba terminada y aun así comenzó a operar, lo cual propiciaba la eventualidad de un derrame. Pero algo más grave consiste en que la ley establece que para operar una pileta siempre se debe contar con otra de emergencia (los trabajadores mineros y los operadores técnicos simplemente las llaman represos). Este segundo represo funge como un contenedor de los derrames, de tal suerte que no salgan de la zona de los jales, pero en este caso no se había construido. Tanto el primer represo como el segundo se deben construir conforme a las especificaciones de la norma oficial mexicana NOM-159-SEMARNAT-2011, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre. Uno de esos requisitos consiste en que el depósito se impermeabilice, de tal manera que no fluyan hacia abajo los ácidos oxidantes y los metales. Pero aún está en duda si el consorcio de Jorge Feliciano Larrea cumplió con este requisito y si además contaba con permiso de las autoridades ambientales para construir el represo del Bacanuchi. Esto a pesar de que Grupo México tuvo intervención en la redacción del borrador de la norma oficial.

De esta manera, el Ministerio Público y el juez ante quien se denuncie no podrán eludir el hecho de que nos encontramos ante la configuración de un delito ambiental, en el que hay premeditación y alevosía, cuando menos. Pero el caso podría también considerar los antecedentes que muestran el carácter recurrente y sistemático con el cual el consorcio se empeña en su conducta criminal sobre el ambiente y las poblaciones.

Sin embargo, con ser muy visible la tragedia de la región de los pueblos del río, no es la única, como quiere hacerlo ver el programa emprendido por el gobernador sonorense, Salvemos el río, concentrando todas las acciones en los pueblos, pues como todo sonorense sabe, el río Sonora atraviesa la ciudad de Hermosillo en su recorrido hacia la costa para desembocar en el mar. Así que la mayor parte de los metales y ácidos arrastrados vinieron a depositarse en la presa El Molinito, que surte de agua a una parte de la zona norte de la ciudad. Como las lluvias han sido pródigas en esta temporada, actualmente la presa tiene un estimado de 18 millones de metros cúbicos de agua. Pero aparentemente no nos servirán porque sin duda están contaminados y el problema mayor es que se estén filtrando hacia los mantos subterráneos y a los pozos cercanos con los que se surte el norte de la ciudad. Sobre este punto hay hermetismo de parte de las autoridades, y de haberse hecho, no se están mostrando los resultados de los estudios sobre la presa.

El derrame fulminó la economía y el tejido social de la zona del río. Es previsible que en los próximos meses, una vez que acabe el programa de empleo temporal del gobierno del estado de Sonora, el desempleo repuntará con más fuerza. La migración de los pobladores del río se sentirá no solamente sobre Hermosillo sino que la gente buscará la manera de emigrar hacia Estados Unidos. En las semanas que corrieron en el mes de agosto se debatió sobre la posibilidad de la cancelación o no de la concesión al grupo México. Mucho se arguyó sobre la necesidad del empleo, pero en realidad la minera México ha sido una de las grandes desempleadoras en la entidad. Primero al echar a la calle a cientos de trabajadores ferrocarileros de Empalme y Benjamín Hill, Sonora, cuando Larrea se hizo de Ferronales y desconoció el contrato colectivo con la ayuda de los líderes corruptos. Luego al sacar ilegalmente a mil 800 trabajadores de la sección 65 del sindicato nacional minero en Cananea, que mantienen una huelga en los hechos que rebasa ya los siete años, y ahora, desempleando a más de 20 mil habitantes de los pueblos del río Sonora. De primar el estado de derecho, es inevitable la cancelación de la licencia o concesión. Por supuesto que primero habría que asegurar a los trabajadores sus derechos y su salario. Pero igualmente importante sería el mensaje que se enviaría a la próxima compañía que viniera por el cobre de Cananea, en el sentido de que no habría impunidad para los descuidos criminales. Pero también sería una advertencia para las 45 minas que operan actualmente en el estado (aproximadamente) y en las que tampoco hay supervisión efectiva por parte de las autoridades del medio ambiente. Ni Peña Nieto ni el gobernador Padrés pueden eludir su responsabilidad de gestionar la justicia ambiental en las actuales circunstancias.