rave, pero cierto. La maquinaria estatal con que los finqueros guatemaltecos reprimieron las luchas populares y la resistencia armada en los años 80, produciendo uno de los más feroces genocidios en los tiempos recientes, sigue existiendo y se encuentra muy activa. Es más, en tiempos de discursos democráticos y multiculturales, como los actuales, ha desarrollado nuevas formas de violencia física y moral contra quienes defienden sus derechos y denuncian a las grandes empresas que atentan contra sus vidas y las de sus comunidades. El trasfondo de estas prácticas, como sucede en toda América Latina, es la actividad extractivista de empresas con grandes capitales trasnacionales, a quienes lo único que les interesa es amasar grandes riquezas en el menor tiempo posible. Despojar de su patrimonio a las comunidades es la mejor forma que han encontrado para lograr sus propósitos, y cuando sus integrantes se defienden los criminalizan, no importa que sean mujeres.

La lista de afectadas es interminable y abarca mujeres con actividades diversas, unidas por su lucha contra el despojo: Jovita Tzul Tzul, joven abogada k’iche’ de Totonicapán, perteneciente a la Asociación de Abogados Mayas; Ramona García, dirigente de las 12 comunidades kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez; Angelina Choc, q’eqchi’ del Valle del Polochic, quien ha denunciado en el país y el extranjero la violación sexual de 11 de sus compañeras por miembros de seguridad privada de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals Inc; Francisca Gómez, periodista kaqchikel, acusada de difamación contra Cementos Progreso por denunciar sus atropellos; doña Crisanta Pérez, mujer mam de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, perseguida por su participación activa contra el despojo de tierras; Margarita Ché, q’eqchi’, quien denunció la intromisión del Ingenio Chabil Utzaj en el Valle del Polochic, Alta Verapaz.

La lista de mujeres atropelladas es interminable: Lorena Cabnal, xinca, activa participante contra el despojo de las tierras comunales en Santa María Xalapan; Catarina Sequén, kaqchikel, viuda que fue despojada de su tierra en Santo Domingo Xenacoj para construir el anillo regional por parte de la empresa Constructora Nacional SA; Hermelinda Simon, q’anjobal, perseguida por su lucha contra a la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz, y Lolita Chávez, dirigente k’iche’ de Santa Cruz del Quiché, amenazada y agredida constantemente, sin contar los procesos judiciales en su contra. Todas son activistas, dirigentes, víctimas, asesoras o defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, esos que se proclaman en los foros internacionales como grandes avances, de los cuales este mes se hablará mucho, porque la declaración que los contiene cumple siete años de haber sido firmada por muchos estados que se comprometieron a respetarlos, Guatemala entre ellos.

Lamentablemente los anteriores no son los únicos casos de persecución. Junto a las mencionadas existen cientos de mujeres comunitarias que están siendo reprimidas y perseguidas por su participación en luchas de sus pueblos, contra la explotación de sus recursos naturales y el despojo de sus tierras comunales. Dada la situación regional, estas luchas han sido protagonizadas fundamentalmente por mujeres indígenas, lo que las convierte en una lucha por la dignidad y por la vida; pues al tiempo que se oponen a la devastación de sus territorios, muestran su profunda y legítima determinación por conservar la vida de sus hijos, de sus familias y sus comunidades, para lo cual buscan poner un alto a la violación de los derechos humanos y hacer que se cumplan los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En el año de 1982 el general guatemalteco Héctor Alejandro Gramajo Morales se ufanaba de la estrategia castrense para controlar la lucha popular y aparentar un régimen democrático donde no lo había. Instituimos asuntos civiles, el cual prevé el desarrollo para 70 por ciento de la población, mientras matamos al 30 por ciento, decía. Y aclaraba: Antes la estrategia era matar al 100 por ciento. Con sus adecuaciones, la estrategia sigue siendo la misma: las empresas y el mismo Estado reparten entre las familias pobres dinero para que apoyen sus políticas de despojo, proyectos de desarrollo los nombran, al tiempo que encargan a los beneficiarios que hablen mal de quienes no los reciben; de esa manera buscan aislarlas y preparar el camino para la represión. Pero las mujeres indígenas siguen alzando la voz mientras se organizan para hacer valer su determinación de conservar sus formas de vida comunitaria, amenazadas tanto por las empresas como por el Estado.