El coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), Luis Gómez Garay, demandó ‘‘valentía’’ al presidente Enrique Peña Nieto para ‘‘romper la enorme losa de los intereses creados en el campo por las empresas trasnacionales, comercializadoras y monopolios’’, y las agrupaciones campesinas sostener la unidad y seguir demandando una reforma integral, incluyente y progresista.

Ante líderes y representantes de las agrupaciones del CAP, el también dirigente de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP) sostuvo que ‘‘se requiere valentía y coraje para emprender una reforma que resuelva de fondo la crisis productiva que lleva más de tres décadas y que ha arrojado a la mayoría de los productores a la miseria y la marginación’’.

En la Convención Nacional de Organizaciones Campesinas, el dirigente del CAP asentó que la reforma para el campo implica que la Secretaría de Economía ‘‘deje de fomentar y permitir la importación abusiva de alimentos que provocan la caída de los precios de las cosechas nacionales, así como la reformulación profunda de la política social, del concepto hipócrita del combate a la pobreza que sólo enmascara el alejamiento del Estado en la redistribución del ingreso nacional y de su responsabilidad de garante del desarrollo armónico de la población’’.

Parcelas en riesgo

Insistió en que la reforma energética pone a prueba a los campesinos, pues siguen estando en riesgo sus parcelas. La ‘‘ocupación temporal’’ en esa reforma no es garantía de que se conservarán ejidos y comunidades, ya que se están abriendo las puertas a ‘‘coyotes, acaparadores y traficantes de tierra’’.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), pidió a los campesinos no dejarse deslumbrar por ‘‘el pago de las afectaciones o de la renta por la ocupación’’. También sugirió consensuar un pronunciamiento en favor de apoyar la iniciativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de revisar el salario mínimo.

También Federico Ovalle Vaquera, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), alertó en torno a la ‘‘ocupación temporal de las tierras’’ por causa de utilidad pública. ‘‘Por más nombres bonitos que le pongan, se altera la propiedad social y la verdad es que será un saqueo de la tierra y sus recursos a cambio de una supuesta renta o pago’’.