La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desechó la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para crear las normas 30 y 31, que sustituirían a la 26, que regula la construcción de vivienda popular y social en la ciudad de México.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, anunció en conferencia de prensa que ese órgano no ha dado entrada, ni lo hará en el futuro, a ninguna iniciativa de ley en tanto no se dé una amplia discusión y revisión de todas las propuestas que se hagan por todos los grupos parlamentarios y de la sociedad civil.

De igual forma, agregó, en tanto no se generen las condiciones para crear “una política pública clara en beneficio de la ciudad por lo que hace a la vivienda social y al desarrollo económico, que protejan pueblos, barrios y centros históricos en esta capital.

En ese sentido, vamos a construir un amplio consenso, un acuerdo que nos permita fortalecer este tema con una visión totalmente social, aseveró el legislador en conferencia de prensa, en la que estuvo el titular de la Seduvi, Simón Neumann.

Dicho acuerdo será entre el Gobierno del Distrito Federal, la ALDF, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, organizaciones civiles y sociales, el sector inmobiliario, académicos y expertos, para construir una política pública de desarrollo urbano en la ciudad de México, indicó.

En su turno, Neumann expresó: Vamos a recoger todas las aportaciones de los ciudadanos y grupos organizados y seguiremos abiertos al diálogo.

Indicó que como parte de ese proceso se integrará una propuesta, que no regularizará los abusos de la norma 26, que atenderá las preocupaciones ciudadanas en relación al borrador de las normas 30 y 31, para la construcción de un nuevo proyecto de ciudad.

Dejó en claro que en ningún caso estamos proyectando normas que regularicen los abusos que se han cometido o que vulneren el proceso de planeación que buscamos para esta ciudad.

Por el contrario, “estamos buscando generar certeza, credibilidad y confianza en los criterios de factibilidad y mecanismos de control jurídico y observación ciudadana.

Recordemos que la ciudad de México hoy día demanda una mejor estructura urbana, una mejor y eficiente movilidad de sus habitantes y una distribución equitativa de los servicios básicos como son agua potable, educación y salud, entre otros.

Al final añadió que el GDF no impulsará ninguna iniciativa que vaya en contra de los intereses de la ciudadanía; prueba de ello es que hoy día estamos debatiendo sobre un proyecto y no sobre una norma publicada.

Sin embargo, el anuncio no dejó satisfechos a integrantes de organizaciones ciudadanas y representaciones vecinales. Para Suma Urbana, ni la PAOT ni los legisladores locales, y mucho menos el titular de la Seduvi, tuvieron el valor de manifestarse en contra o en favor de las normas y únicamente dieron largas al asunto.

Víctor Manzanares, del Congreso Popular Social y Ciudadano, no descartó que el anuncio responda a tiempos políticos. En tanto, Eduardo Farah, de Espejo Polanco, dijo que si bien el congelamiento de las normas respondió a una demanda ciudadana, aún no se garantiza que el Distrito Federal deje de ser un botín para los desarrolladores inmobiliarios, que compran terrenos con uso de suelo para tres pisos y terminan construyendo torres de 50 niveles.

En agosto de 2013, el GDF decidió suspender la norma 26 –creada en 1996 para promover la edificación de vivienda de interés social y popular– ante el abuso de las desarrolladoras inmobiliarias, que aprovechándose de ese ordenamiento construyeron vivienda a bajo costo, pero la vendieron como de lujo.

Este año, la Seduvi, junto con la PAOT, hizo circular un borrador para crear las normas 30 y 31, que sustituirán a la norma 26. Sin embargo, el borrador, basado en un estudio solicitado por la Seduvi a la Universidad Autónoma Metropolitana, fue criticado por diversos sectores.