l grupo de expertos convocados por el jefe de Gobierno del Distrito Federal para estudiar la tragedia del salario mínimo en México ofreció anteayer los resultados de su trabajo. Se trata de un documento de análisis cuidadoso de la cuestión, seguido de pertinentes propuestas para la acción que aterrizan en un acuerdo nacional para el aumento de los salarios mínimos.

El texto, fruto de los trabajos de reconocidos estudiosos (Antonio Azuela, Graciela Bensusán, Gerardo Esquivel, Juan Carlos Moreno, Enrique Provencio, Jaime Ros y Pablo Yanes), con la co­laboración especial de Raymundo Campos y con el apoyo del gabinete económico del Distrito Federal, debe dar lugar a una reflexión sin duda cuidadosa pero, a la vez, guiada por la convicción de que hay un compromiso grande por cumplir con los trabajadores mexicanos, que debe empezar, por razones de método y estrategia, con quienes no ganan más que un salario mínimo diario.

Ojalá y pronto el gobierno federal y los de los estados, los partidos y el Congreso, así como las organizaciones sociales del trabajo, se hagan cargo de tal compromiso y busquen hacerle honor. De hacerlo y arribar a la referida convicción, podríamos entonces imaginar y empezar a volver realidad el urgente cambio de rumbo en la conducción económica nacional, para cambiar el curso todo del desarrollo mexicano, no sólo esquivo sino de plano extraviado desde hace casi tres décadas.

Los expertos abordan con claridad y rigor algunos de los más socorridos prejuicios y estereotipos que han sido lastre nefando de la cuestión salarial desde finales de la década de los 70 del siglo pasado. Entonces, frente a la avalancha devaluatoria y la crisis de pagos que como tsunami caían sobre nosotros, el gobierno del presidente López Portillo dispuso unos aumentos generales de emergencia que pronto fueron condenados por las patronales y subrepticiamente desconocidos por los líderes del sindicalismo de entonces.

De ahí en adelante, el salario mínimo se tornó pieza central del ajuste implantado para pagar la deuda y devino unidad de cuenta para múltiples trámites, multas y prebendas, hasta llegar la situación impresentable que tirios y troyanos han debido reconocer. Lo malo ha sido que, de inmediato, algunos personeros del mundo de los negocios buscaron mistificar y de nueva cuenta estigmatizar el tema, recurriendo al petate del muerto preferido del gobernador Carstens: su inminente impacto sobre la inflación.

El documento de marras sale al paso de estas y otras especies y lanza propuestas y secuencias para el incremento del mínimo. No busca contagiar al conjunto del régimen salarial imperante, pero sus estimaciones abren con seriedad una ventana para airear la discusión pública sobre la cuestión social contemporánea.

No sobra insistir en que uno de los ejes de dicha cuestión es, precisamente, el mundo del trabajo y su desoladora circunstancia, dominada por la precariedad y la inseguridad, la informalidad y los bajos emolumentos para la generalidad de los obreros.

Hasta dónde podremos llegar en esto es algo que no se puede adelantar. Mucho menos si tomamos en serio las primeras reacciones de algunos abanderados de la empresa y el capital privado. De seguir por esa senda el discurso patronal, no habrá tripartismo viable ni eficaz y la simulación se impondrá como práctica casi única de las relaciones obrero patronales.

Por ejemplo: Gerardo Gutiérrez Candiani, del Consejo Coordinador Empresarial, “señaló que se debe tener cuidado de que el aumento… no se refleje en los contratos, porque los trabajadores pedirán aumentos de manera proporcional”; por su parte, el economista Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, argumentó que si el alza es sólo para quienes ganan un salario mínimo, repercutiría en un punto porcentual en la inflación; pero si se contagian los salarios medios, la inflación será hasta de 8 por ciento.

Las prevenciones de ambos personajes son debida y correctamente respondidas por los expertos; lo más importantes es evitar que se conviertan en consigna renovada para la guerra de clases que, al parecer, la cúpula del dinero se empeña en desatar como medida preventiva frente al espectro del reclamo proletario. Los contagios se dan, sin duda, pero los anticuerpos están a la vista y en vastos continentes de la empresa deberían estar a la mano: desplegar una ronda, tan prudente como lo propone el gobierno de la ciudad, de revisión salarial y de las condiciones en que se trabaja en México, dirigida a la erección de nuevos y auténticos pactos sociales redistributivos y para el desarrollo que nuestro país requiere experimentar con urgencia.

La cadena salario precios que se quiere presentar como absoluta adquiriría aquí su justa dimensión, al incluir el nivel de las ganancias y, aquí sí, los avances en la productividad y los convenios para su justo reparto.

Quien se voló la barda una vez más fue el señor Castañón, presidente de la Coparmex, quien consideró que se deben buscar fórmulas para formalizar la economía, antes de hablar de incrementar el salario mínimo (Dichos tomados de Negocios, página 1, Reforma, 29/8/14). La ciudad que venció al desierto, la Sultana del Norte que vio nacer al primer sindicato patronal mexicano, requiere, y de prisa, de una renovadita en sus voceros.

Lo mínimo a que hoy estamos obligados es a tomar en serio el mínimo… salario. El Gobierno del Distrito Federal y sus expertos lo han hecho.