n el centro de la producción de decisión de cualquier sociedad está la información; sin datos, lo que se pueda dialogar pierde fuerza y al monopolizar la información se fomenta un uso del poder inequitativo propio de gobiernos antidemocráticos.

La falta de acceso a la información nos coloca a las personas comunes al margen de poder decidir sobre el presente y el futuro de los territorios que habitamos. Esto es especialmente grave cuando desde el gobierno se establecen programas de desarrollo económico cuyas consecuencias viviremos las personas comunes en cuanto al posible despojo de tierras, el deterioro del ambiente, la salud y las formas de trabajo.

En el caso de la industria minera en México, existen 25 mil 352 concesiones que ocupan 13.07 por ciento del territorio (apenas un poco por debajo del territorio que se cultiva, de 15.8 por ciento)2.

En la historia reciente del país se ha expuesto la falta de transparencia por parte del gobierno para informar sobre esta industria: un ejemplo es el largo peregrinar del pueblo wixárika, que por años ha exigido la cancelación de siete concesiones mineras que están en poder de la empresa canadiense Revolution Resources y que ponen en riesgo sitios sagrados de este pueblo.

De 2003 a 2013, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) registró al menos 695 solicitudes de información hechas a la Secretaría de Economía (SE) con el tema de la minería.

En múltiples ocasiones la solicitud incluye que se den a conocer datos sobre la ubicación geográfica de lotes mineros. Sin embargo, la información continúa sin estar disponible y hasta la fecha la única forma que existe para conocer la ubicación geográfica de los lotes mineros es asistiendo a los archivos de la Dirección General de Minas, donde sólo es posible consultar cinco expedientes por día y no se permite sacar fotocopias simples de la documentación ni el uso de dispositivos como teléfonos celulares para obtener imágenes de los archivos (lo que implicaría a cualquier mexicano que no viva en el área metropolitana costear una estancia de 5 mil 070.4 días hábiles para poder acceder a la información) o pagando 4 millones 965 mil pesos por un archivo de datos conocido como shapefile, que sin ser un mapa, la SE pretende cobrarlo como si fuese el equivalente a 20 mil 360 planos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)3.

El 4 de febrero ingresé a la SE, mediante el portal Infomex, la solicitud con folio 0001000012514 para pedir las coordenadas geográficas de concesiones y asignaciones mineras de la República mexicana en formatos digitales libres. Pese a que esta información debería estar disponible de forma pública con criterios de máxima publicidad y disponibilidad, de acuerdo con la ley minera vigente, y que el derecho al acceso a la información está amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la SE se negó a entregar los datos y en un oficio sin número su unidad de enlace respondió que no contaba con esta información, por lo cual presenté un recurso de inconformidad. De forma inédita, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en un extenso estudio que consta en la resolución con expediente RDA 1045/14, revocó la respuesta de la SE.

En respuesta a este mandato, en el oficio 181.07636.DGRM.2014, fechado el 1º de agosto y notificado el 8 de agosto, la SE responde: Como resultado de la búsqueda exhaustiva realizada, se localizaron, EN SU TOTALIDAD, las coordenadas geográficas del punto de partida de las concesiones mineras de la República mexicana que obran en los archivos de esta dirección... Cabe mencionar que dichas coordenadas geográficas son las que, en su caso, fueron utilizadas al momento de realizar la representación de los lotes mineros en la cartografía minera.

En archivo adjunto a la respuesta se envía una hoja de cálculo en la que están las coordenadas del punto de partida. Usando tecnicismos para justificar su falta de transparencia, la SE nuevamente se niega a hacer entrega de la información fundamental para poder producir decisión. La solicitud claramente pide los datos geográficos de los polígonos de las concesiones mineras; un punto de partida es sólo el punto de referencia para poder determinar la ubicación de un lote minero.

Este punto de partida puede formar parte o no del perímetro del lote minero, ni siquiera aporta información para conocer la dirección en la que se encontraría el lote. La negativa constante de la SE impide a la población conocer y decidir sobre un tema crucial como es la industria minera.

1 Investigadora de Poder.

2 Datos obtenidos de estadísticas del Inegi reportadas para 2005 y la solicitud de acceso a la información pública 0001000100314.

3 Ver solicitud de acceso a la información pública 0001000008414.