orena ha convocado a la población a un referendo para que apruebe o no la posibilidad de otorgar a los inversionistas nacionales privados o extranjeros contratos para explotar los energéticos. La respuesta ha sido sorprendente: antes del plazo fijado, 2 millones apoyan la consulta a escala nacional. En la mayoría de los estados se han rebasado las metas. En el Distrito Federal se han recolectado más de 600 mil firmas. La respuesta asombra porque se ha hecho a pesar de una campaña de miles de millones de pesos promovida por el gobierno para hacer creer que la reforma es no sólo benéfica, sino irreversible. El éxito de la iniciativa ha propiciado que PAN y PRI promuevan sus propias consultas; la intención de confundir a la población es patente. El PAN quiere que se consulte si debe aumentarse el salario mínimo tras decenas de años de pedir que se mantuviera congelado. El PRI quiere que se reduzcan los diputados plurinominales y los senadores de representación proporcional, figuras que ese partido promovió para corromper a la clase política. El éxito de la consulta coincide con la caída de la popularidad del régimen. Las encuestas extranjeras destacan que a pesar del aplauso internacional convenenciero a sus reformas, la imagen de Peña cae. Su reforma es decididamente impopular. Es probable que si la consulta llega a celebrarse, se convertiría en un plebiscito contra el régimen.

Es de temerse que la Corte se inclinará por desechar la consulta, y no por razones jurídicas, sino porque este alto tribunal ha perdido la independencia breve que gozó después de la reforma de Zedillo de 1994. Para que esa negativa resulte menos escandalosa, PRI y PAN están promoviendo sus consultas. La Corte desecharía todas y aparecerá ante la población como imparcial. Los medios, bajo control, apoyarían este engaño. ¿Por qué permitió el régimen que se abriera la puerta a la consulta popular, incluso que no descalificara los preparativos para promoverla? Es probable que intenten limpiar la imagen de los partidos que traicionaron a sus electores con el pacto. Pero puede ser que el PRI, empeñado en un proceso de restauración del viejo régimen, quiera demostrar a la población que aquí sólo sus chicharrones truenan. Que aunque la mayoría de la población esté contra las reformas y a que millones exijan que se les consulte, ellos pueden imponer lo que quieran. Los mexicanos están para callar y obedecer. Esto sería una provocación. El régimen y los partidos que abierta o descaradamente le dan su aval estarían desafiando a una opinión pública, cada vez más irritada, que empieza a despertar. Es­te despertar ha sido el objetivo del esfuerzo titánico de Morena para promover la consulta, por fortuna, coronado por el éxito.

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