Tal como está redactada la reforma constitucional que regula las consultas populares, es imposible que sirva siquiera para conocer la opinión de los ciudadanos sobre problemas que requieren una decisión sobre temas y materias accesibles a la población, consideró el constitucionalista Clemente Valdés, quien agregó que por la forma legal en que fueron diseñadas todo indica que los ejercicios no servirán para lograr siquiera una mínima participación democrática inicial de la ciudadanía en el sistema político mexicano.

Menos, subrayó, hay posibilidad alguna de que los ciudadanos tengan injerencia en la aprobación de reformas constitucionales (como la reforma energética) y sus leyes, o en decisiones de gobierno.

Cuestionado sobre la posibilidad de que sea revertida la reforma energética en una consulta popular como plantean el PRD y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que tanto la reforma constitucional como la legal son incongruentes, porque no pueden cuestionar ninguna de las disposiciones que están en la Constitución. Únicamente pueden servir para decidir asuntos irrelevantes, pues todos los temas trascendentes están en la Constitución, subrayó.

Añadió que el primer párrafo de la fracción séptima del artículo 35 de la Constitución dice que las consultas son sobre temas de trascendencia nacional, y en el punto tercero de esa fracción se establece que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, en materia electoral, ingresos y gastos del Estado, seguridad nacional, entre otros.