La comisión especial de la Cámara de Diputados que dará seguimiento a las investigaciones por el derrame de productos químicos de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, a los ríos Sonora y Bacanuchi, cuestionó que continúen las actividades de la concesionaria, cuando el primer paso ante un hecho de esta naturaleza debería ser el cierre de las instalaciones.

El presidente de la comisión especial, Marco Antonio Bernal (PRI), dijo que el Estado mexicano debió actuar de esa manera, no sólo porque se trata de un caso grave, sino porque Grupo México enfrenta en el país antecedentes ‘‘no muy felices’’.

También cuestionó que la multa anunciada, de 40 millones de pesos, ‘‘es muy poco para el daño que se ha causado’’, y consideró que una de las principales tareas de la comisión y del pleno de la cámara debe ser el endurecimiento de las sanciones por daños ambientales.

Durante la instalación de ese grupo de trabajo, integrado por diputados de todas las bancadas, Bernal expuso que si de los estudios que se realicen y de los informes de las diferentes dependencias se confirma que se transgredió la normatividad, la comisión ‘‘exigirá a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México’’.

Porque, resaltó, además del daño ambiental, lo que está en juego son las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano, ‘‘y la cámara está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta, y en su caso, ante la precariedad o ausencia de ellas, dotar al Estado del fundamento legal que se requiera’’ para sancionar a las compañías mineras.

El programa de trabajo de la comisión incluye conocer las medidas para evaluar los daños ocasionados por el derrame y conocer los antecedentes de la Mina Buenavista del Cobre en el manejo de los tanques de residuos químicos y conocer si ha presentado otros problemas relacionados con daño ambiental y si ha cumplido con la norma vigente.

Para ello, se solicitarán informes detallados a las secretarías de Economía (SE) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sobre la situación por el daño ambiental y afectación a la población, flora y fauna causada por el derrame de sustancias a los ríos Sonora y Bacanuchi.

También, información sobre las revisiones y visitas de inspección que hayan realizado al río Sonora y las comunidades aledañas; de la restauración ambiental que se exigirá a la minera; del monto de los daños en los que incurrió Grupo México, tomando en cuenta la afectación al ecosistema, el consumo humano de agua, el ganado y las cosechas.

Además se solicitará un informe a la Conagua sobre las acciones emprendidas desde el momento en que conoció del derrame; asimismo, de las sanciones contra Grupo México, de las medidas para evitar el contacto de la población con el agua de los ríos contaminados, y para el abastecimiento de agua potable, entre otras.