El derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la empresa Buenavista del Cobre –filial de Grupo México– en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea, ‘‘es el peor desastre ambiental de la industria minera del país’’, señaló el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud. Pese a ello, la empresa no puede ser clausurada, ni siquiera temporalmente, aunque podría ser multada con miles de millones de pesos y tendrá la obligación de remediar el daño, agregó.

El funcionario catalogó el derrame que afecta a 24 mil personas como un ‘‘descuido’’ de la empresa y dijo que sólo la Secretaría de Economía (SE) puede retirar la concesión. Agregó que ha hablado del tema con su titular, Ildefonso Guajardo, aunque no se ha planteado la posibilidad de cancelar las operaciones de la minera.

En la presentación del informe de acciones del gobierno federal en atención al derrame de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6 de agosto en instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre en Cananea, Guerra Abud admitió que la ley ambiental es laxa. En el acto también estuvieron presentes los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez; de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, y de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola.

Guerra Abud mencionó que la empresa ha insistido públicamente en que el percance ocurrió por lluvias arriba de la media, pero los reportes del Servicio Meteorológico Nacional indican que esto es falso y el derrame se debió a la falla de un tubo ‘‘por un mal diseño que se hizo’’ en las instalaciones de la minera. Explicó que el derrame ocurrió el 6 de agosto sobre el arroyo Tinajas; el día 7 habitantes de la zona avisaron a la Unidad de Protección Civil de Sonora, y el 8 la empresa notificó a la autoridad federal, pero formalmente lo hizo cuatro días después.

Los funcionarios enumeraron las medidas que han tomado desde que tuvieron conocimiento del derrame de residuos peligrosos. David Korenfeld dijo que la Conagua ha realizado mil 20 muestras abalizadas en laboratorios certificados, y se detectó la presencia de arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y fierro, con niveles ‘‘fuera de las normas ecológicas y de salud, así como del estado de la calidad del río previo al derrame’’.

A su vez, el titular de la Cofepris sostuvo que hasta ahora se han reportado cinco problemas en personas con afectaciones por el derrame, mismas que ya fueron dadas de alta.

Explicó que los síntomas que ocasiona la contaminación por ese tipo de sustancias son daño a las mucosas, y si hay ingesta se presentarían daños al sistema digestivo, náuseas, diarreas, debilidad. También podría haber daños al hígado y riñones.

Pese a todo, el titular de Profepa, Guillermo Haro, aseveró que la empresa no puede ser clausurada totalmente y sólo se puede cerrar el área en la que se desbordaron los residuos, la cual ya está clausurada. Explicó que están en revisión nueve resolutivos de estudio de impacto ambiental para detectar mayores irregularidades. ‘‘La mina es una de las más grandes del mundo, la más grande de México’’.

Añadió que de las medidas de urgente aplicación que la Profepa pidió a la empresa, ésta únicamente ha cumplido con una. Durante la visita que se hizo el viernes pasado a la zona, dijo, se detectó que en las márgenes de los ríos hay desechos que se deben retirar, y que en un bordo de contención que se pidió a la empresa hay filtraciones que pueden llevar más contaminantes hacia los ríos.

Posible consignación penal

Ya se está integrando una averiguación previa para lograr la consignación de los presuntos responsables ante un juez. De acuerdo con sucesos similares, el pago que la empresa tendría que hacer sería de cientos o miles de millones de pesos. La Profepa, dijo, está obligada al debido proceso; la única irregularidad grave en la mina, el derrame de tóxicos, llevó a la clausura del patio de lixiviado que causó el accidente.