Guadalajara, jal., 23 de agosto.

El director de la secundaria 122 en Tonalá, Teodoro Guzmán Pérez, quien ordenó rapar al menos a 200 alumnos porque consideró que tenían aspecto de pandilleros, es sometido a una investigación a cargo de la contraloría de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), confirmó la dependencia.

La investigación se basa en los términos que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y mientras concluye, el profesor permanecerá separado de las funciones directivas en dicho plantel.

Por orden de la SEJ, Guzmán Pérez recibirá capacitación en materia de respeto a los derechos humanos, impartida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

El corte masivo se realizó el 21 de agosto; según testimonio de los padres de los estudiantes no se les pidió autorización, y a cada alumno le cobraron 10 pesos, lo que originó una queja –la 8962– ante la CEDHJ, que de inmediato pidió al director suspender otra sesión de cortes programada para el viernes pasado.

En su defensa ante la CEDHJ, Guzmán Pérez dijo que la escuela –ubicada en la marginada delegación de Coyula, en Tonalá– tiene reglas de disciplina acordadas con los propios padres que se refieren al aspecto y al corte de cabello para evitar que los alumnos parezcan cholos.

Señaló que el acuerdo era enviar a los menores al plantel con el cabello corto, pues de lo contrario se realizaría el corte a quienes no obedecieran la disposición.

La actitud abusiva, arbitraria y a veces hasta delictiva de algunos profesores, además de múltiples casos de acoso escolar entre alumnos, han costado a la SEJ numerosas quejas ante la CEDHJ, en años recientes.

De enero a julio de 2014 la CEDHJ ha recibido mil 047 quejas por diversos motivos contra la SEJ, el mismo número que en 2013, pero de enero a diciembresumaron 1048 inconformidades.

En junio pasado, la CEDHJ dirigió un exhorto al titular de la SEJ, Francisco Ayón López, debido a que Javier Ruiz Palafox, profesor de una primaria en Zapopan, cometió presuntos abusos sexuales contra alumnas que vivían en una institución privada de asistencia social.

Durante la investigación de información permitía presumir que tres maestras del plantel, entre ellas la encargada de la dirección, interrograron a las niñas agraviadas y las presionaron para que se retractaran de su acusación, detalló la CEDHJ.