Los flujos de dinero ilícito, como los relacionados con facturación fraudulenta que esconde operaciones por las que no se pagan impuestos, que salieron de México durante las pasadas cuatro décadas se elevaron a 872 mil millones de dólares.

Esa cantidad de dinero implicó que cada año el país resintiera una sangría por un monto promedio equivalente a 5.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), revela una investigación de la organización no gubernamental Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, Estados Unidos.

Refirió que el Banco Mundial calculó que entre 1979 (después de la crisis de la balanza de pagos de 1976) y 1982, cuando se presentó la crisis de la deuda externa, la fuga de capital total alcanzó la enorme cifra de 26 mil 500 millones de dólares, lo que representó cerca del 48 por ciento de los flujos entrantes de capital netos.

El Banco Mundial concluyó que, en la realidad, una gran parte del dinero que México pidió prestado en el extranjero abandonó el país mediante la fuga de capital, lo que no permitió al gobierno obtener ninguna rentabilidad para devolver el dinero a los prestamistas extranjeros. De esta forma, el mayor nivel de deuda externa fue un desastre que se vino gestando progresivamente.

Tras los movimientos del capital

Dev Kar, autor del informe, quien trabajó como economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) y actualmente es economista jefe de Global Financial Integrity (GFI) y el Center for International Policy (CIP), utilizó el modelo residual del Banco Mundial, que permite seguir los movimientos de capital no registrados y un modelo de facturación fraudulenta basado en la Dirección de Estadísticas Comerciales del FMI, explicó que estos flujos financieros ilícitos suelen ser el producto de corrupción, sobornos o comisiones, actividades criminales y esfuerzos por ocultar riqueza de autoridades fiscales nacionales.

El estudio detalla que durante el periodo comprendido entre 1970-2010, casi tres cuartas partes del total de los flujos ilícitos se generaron mediante facturación fraudulenta. Aseguró que se produjo un aumento en la apertura comercial desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que llevó a una mayor facturación fraudulenta.

A pesar de que firmar el TLCAN supuso grandes ventajas para México, también supuso un gran incentivo para transferir capital ilícito al extranjero. Entre 1994 y 2010, el TLCAN parece haber facilitado la salida de flujos ilícitos por un valor de 561 mil millones de dolares a través de la facturación a la baja de las exportaciones y al alta de las importaciones.

La GFI, que trabaja para reducir los flujos financieros ilícitos mediante la producción de investigaciones innovadoras, promover soluciones políticas pragmáticas, y asesorar a los gobiernos, precisa que los flujos medios anuales de salida de capital ilícito se incrementaron significativamente a lo largo de las cuatro últimas décadas. Durante los años setenta, la cifra fue de 3 mil millones de dólares, 10 mil 400 millones en los ochenta, 17 mil 400 millones en los noventa y 49 mil 600 millones de dólares en la última década.

El análisis titulado México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrios macroeconómicos y la economía sumergida destacó: El crecimiento de la economía subterránea y la facturación fraudulenta son factores significativos de los flujos financieros ilícitos procedentes de México. De hecho, los flujos financieros ilícitos y la economía informal mexicana tienen una relación simbiótica y se sustentan mutuamente.

Tras subrayar que la manipulación de las facturas comerciales también se produce en Estados Unidos, entre otros países industrializados, advierte que se ha demostrado que la liberalizacion comercial sin una estrecha supervision reguladora, como en el caso de India, es probablemente responsable del aumento de los flujos ilícitos de salida a través de la facturación fraudulenta.

El amplio estudio recomienda por ejemplo una supervisión reguladora estricta, México debería incrementar sustancialmente el personal que trabaja en el área de auditoría de los precios y crear un archivo electrónico y un sistema de auditoría más sofisticados. La contratación de personal adicional también ayudaría a México a aplicar los mas de 40 tratados de doble imposición actualmente en vigor, incluido el que existe con Estados Unidos. Esto también enviaría un mensaje claro a las empresas en lo que respecta a la capacidad reguladora de las autoridades fiscales. A largo plazo, este sería un paso importante para frenar los flujos de capital ilícito que proceden de la facturación fraudulenta del comercio o los servicios.