n estos días ha corrido mucha tinta alrededor del tema de los salarios mínimos: éste creció a tal grado que obligó a los representantes de los distintos sectores a pronunciarse. Se han dado múltiples opiniones sobre el monto del salario y el método para incrementarlo y todas coinciden en que el primer paso es reformar las distintas leyes que lo incluyen como instrumento de medida para otros fines. El gobierno federal en un inicio consideró el tema con cierta apertura, pensando seguramente que sería un asunto pasajero. Al darse cuenta de que fue creciendo su popularidad y que se tomaba en serio, optó por tomar distancia y para ello acudió al viejo recurso de convocar a los sectores productivos para plantear su oposición, señalando que debía cumplirse con condiciones previas: productividad y respeto al espacio institucional de decisión, o sea la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

En la discusión pública, se repiten hasta la saciedad los argumentos para mantener la política de caída o estancamiento salarial que ha prevalecido en los últimos 30 años, y se advierte sobre los riesgos de caer en las crisis económicas de años anteriores, como si la política salarial hubiese sido la causante de los problemas y no al revés. Otras opiniones señalan que una recuperación en los salarios es favorable no sólo a la población, cuyo bienestar debería ser el centro de cualquier política pública, sino también para superar la parálisis económica y resolver de fondo los problemas de la seguridad pública y la criminalidad. Cada día se enriquece el debate con nuevos análisis, que exhiben que los pingües salarios que se cubren en México responden a una estrategia deliberada de despojo social que ha permitido que un pequeño sector, con 50 familias a la cabeza, haya generado 70 millones de pobres. Sólo basta reflexionar sobre el dato de que 60 por ciento de los asalariados ganan menos de 6 mil pesos al mes. Imaginemos para qué alcanzan estos recursos y en qué condiciones vive una familia con ese salario.

A pesar de que crecen las voces que reclaman un viraje inmediato a la política salarial, quienes defienden la contención vigente se apoyan en mitos que han sido desmentidos hasta por los analistas más cercanos al sector privado. El propio economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, declaró esta semana que la economía mexicana puede resistir el incremento en los salarios mínimos sin tener afectaciones en el empleo ni generar inflación. Recomendó incluso la mejora para reducir la pobreza y la marginación.

En dos mitos se apoyan los defensores de la miseria salarial actual: vincular el incremento a la productividad y reclamar que el tema sea resuelto en el ámbito de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Es un mito señalar que el incremento en los salarios debe diferirse hasta que exista más productividad. Se pierde de vista el carácter básico de esta remuneración, que los cálculos de productividad se vinculan a salarios promedio y que ella depende básicamente del desarrollo tecnológico, infraestructura, inversión de capital y de las políticas públicas existentes. Una prueba de que en México los salarios no se vinculan a la productividad se acredita en los periodos en que ésta se incrementó y tal mejora no se reflejó en aumentos salariales; ahora que el salario mínimo se encuentra artificialmente deprimido, sin huesos y sin sangre, se le exige productividad, factor que en todo caso puede relacionarse con empleos de mayor remuneración o vinculados a resultados. Los trabajadores lo viven año con año, cuando las empresas tienen grandes ganancias y se comprueba una alta productividad laboral, ésta no se refleja en los aumentos salariales que se otorgan, basta observar cómo en las revisiones contractuales dichos incrementos se reducen a niveles cercanos a la suerte del salario mínimo. En otras palabras, nada importan las utilidades de las empresas, el nivel de productividad ni las diferencias en el costo de mano de obra que existen entre una rama de industria o servicios y otra: es bastante falsa la afirmación de que estamos en el mismo barco.

Para confirmar la falta de correspondencia entre productividad y salario, habría que revisar el caso del sector manufacturero, el cual, los últimos siete años, creció en 10 por ciento, sin embargo el personal ocupado lo hizo en uno por ciento y los salarios se incrementaron en 1.7 por ciento en términos reales; quedarían debiendo 8.3 por ciento. En comparación con otros países, resulta que México tiene la tercera parte de la productividad de España y la mitad de Corea del Sur, sin embargo, el salario español es casi siete veces mayor al nuestro y el de Corea 7.5 veces. En cuanto a la intensidad del trabajo se refiere, los trabajadores mexicanos laboran en promedio 10 horas diarias, 500 horas anuales más que el promedio de países con economía similar, y aun así se tienen los salarios más bajos.

Un mito adicional está relacionado con el espacio en el cual debe decidirse la suerte de los minisalarios; quienes se oponen a la mejora, exigen que sea en el ámbito de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es obvio que esta instancia es tan sólo una simulación, producto del tripartismo inoperante en nuestro país. Es conocido que sus decisiones las somete a las consignas de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Se trata de un simple parapeto para hacer creer que en nuestro país existe concertación o diálogo social entre sectores. Ello explica el porqué el gobierno defiende que este sea el espacio para atender la creciente exigencia de que los salarios mínimos se incrementen desde este mismo año. Jonathan Heat, en su columna económica del periódico Reforma, la define en pocas palabras ... Urge cambiar o eliminar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por ineficaz, inútil y contraproducente... la comisión no ha funcionado ni siquiera para mantener el poder adquisitivo y no produce estudios relevantes al respecto.... es uno de muchos ejemplos de cómo el gobierno federal desperdicia recursos a lo bruto.