Las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad indígena wixárika (huichol) de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wautua), Jalisco, denunciaron en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto la irresponsabilidad mostrada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, y su cuerpo directivo, en el caso que su comunidad enfrenta con posesionarios del poblado de Huajimic, Nayarit, que invaden sus tierras.

En una misiva entregada en la oficina presidencial, Miguel Vázquez Torres, presidente del comisariado de bienes comunales, y Gonzalo García de la Cruz, presidente de la comisión de concertación agraria, solicitan la intervención del mandatario para acelerar la ejecución de numerosas sentencias que han dictaminado que el derecho nos asiste y para evitar que se desencadene una espiral de violencia cuando los tribunales agrarios den la orden de ejecutarlas.

Explican que la Sedatu, antes Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), pidió en 2009 a dichos tribunales detener los procedimientos para buscar una solución negociada por medio del programa Conflictos en el Medio Rural (Cosomer), pues esa dependencia desde los años 70 ha reconocido tanto nuestro derecho como que el conflicto es uno de los más alarmantes del país, en cuanto a que se trata de un problema que más allá de lo jurídico, es de una alta conflictividad social.

Con esa intervención, agregan, la Sedatu-SRA retrasó el desahogo de juicios durante tres años, en que se hicieron todo tipo de estudios de campo y documentales, se firmaron acuerdos tanto por su comunidad como por los posesionarios que invaden su territorio ancestral, y no obstante lo anterior, inexplicablemente al llegar la nueva administración los trabajos fueron abandonados del todo, llegaron a hablarnos de que todos los expedientes estaban perdidos, volvieron a pedir la anuencia de los posesionarios que habían sido entregadas hacía años, y finalmente, en marzo de este año, anunciaron que el caso estaba fuera de la carga de trabajo del Cosomer, y están como reiniciando todo.

Mencionan que esa actuación dislocó la dinámica de solución construida en esos tres años y provocó un desfase que no existía entre la autoridad jurisdiccional y el Ejecutivo federal, porque las sentencias comenzaron a emitirse, comenzaron a quedar firmes, pero la Sedatu se retiró, dejando sin el sustento ni la protección debida la parte que ellos mismos reconocieron e impulsaron para evitar la conflictividad social, desequilibrando con ello al resto de las partes por incumplimiento de su parte del acumulado de compromisos con que se fue construyendo el caso y exponiendo a grandes riesgos la paz y la gobernabilidad. Por lo pronto es claro ya el enojo social que no sólo nuestra comunidad, sino también nuestra contraparte, tenemos ante tanta irresponsabilidad.

Indican que acuden ante Peña Nieto en su carácter de jefe del Ejecutivo federal, pero también como jefe del Estado mexicano, por lo inútil que ha sido la gestión a otros niveles e intentando que la peligrosa situación de estancamiento sea superada, y para que de no ser así, entonces quede claro que existe incapacidad del Estado para hacer valer el estado de derecho, y esto es responsabilidad directa del Presidente de la República. A esta posición hemos sido obligados por la omisión cínica y vergonzosa en que han caído los responsables de su gobierno de dar seguridad en la tenencia de la tierra, al haber dejado todo a la deriva, como si esperaran desenlaces trágicos para comenzar a actuar.