Senadores de PAN y PRD consideraron que Grupo México y su filial Buenavista del Cobre deben resarcir los daños provocados a la población por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi, en Cananea, Sonora, y también deben cubrir afectaciones provocadas en Durango.

En entrevistas por separado, los senadores Francisco Búrquez y Octavio Pedroza, ambos del PAN, y el perredista Fernando Mayans, coincidieron en que ‘‘ese grupo empresarial debe cubrir el pago por las reses muertas, por las tierras de cultivo contaminadas, por el daño ocasionado a la pesca, al ambiente y, si las hubiera, también cubrir las afectaciones a bienes de campesinos y ejidatarios’’.

Mayans destacó: ‘‘Se trata de una afectación permanente, no se va a solucionar en un par de años, es un daño severo y la empresa minera debe hacerse responsable. Se habla de que la podrían sancionarla hasta con 40 millones de pesos, pero ese dinero no alcanzará para resarcir los daños ambientales, es totalmente insuficiente, y no va a alcanzar para realizar los trabajos que deban hacerse’’.

Grupo México ‘‘da migajas’’

Además, dijo, esa empresa, que tiene un gran negocio ‘‘y sólo da migajas al pueblo, debe cubrir los daños a los campesinos, a sus propiedades y a sus animales’’.

A su vez, el panista Búrquez resaltó que es lamentable que haya ocurrido este hecho. ‘‘Se están evaluando las posibles consecuencias y determinar cuáles son las causas del incidente; entiendo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya procedió con una denuncia penal por negligencia, que seguro la hubo en este derrame’’.

De igual forma, el legislador del Partido Acción Nacional apuntó que ‘‘deben cubrir a los afectados los daños y perjuicios ocasionados, incluyendo sus costos de oportunidad’’.

Por su parte, el también senador panista Pedroza manifestó que en las sanciones que se apliquen a la empresa Grupo México se debe ir hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias. Independientemente de la sanción que se le aplique, la empresa deberá resarcir los daños a la población, y aquí también una vez más se pone de manifiesto la poca atención que ponen a las supervisiones las autoridades respectivas, porque ‘‘no hubo una adecuada supervisión, ya que de haberla habido se hubiera prevenido este tipo de accidentes’’.