El sector forestal enfrenta una crisis sin precedente debido a políticas equivocadas de desarrollo que impiden el aprovechamiento sustentable de esos recursos, a lo cual se suman sobrecostos y obstáculos a la producción a causa de la inseguridad en amplias regiones boscosas del país, señala el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss).

Productores padecen extorsiones y cobro de mordidas por grupos armados y autoridades, que no son contabilizadas en ninguna estadística nacional pero incrementan los costos de producción y han obligado al cierre de muchas empresas. Las importaciones de productos forestales y celulósicos generaron un déficit histórico en la balanza comercial forestal de 6 mil millones de dólares en 2013, indica el estudio Crisis del sector forestal mexicano. Nuevos indicadores y evidencias.

Explica que al hacer un comparativo de los censos económicos 2004 y 2009 se detecta que 95 unidades económicas fueron cerradas, entre aserraderos y fábricas de laminados y aglutinados de madera. Se estima que en los pasados cinco años un número similar de industrias han dejado de operar en Durango, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo y Campeche.

Sostiene que la quiebra de las empresas forestales tiene impactos inmediatos y directos en la producción y la economía rural, que normalmente pasan desapercibidos en las cifras nacionales. El cierre de 95 unidades económicas reportadas en el censo contribuyó de manera importante a la caída de 14 por ciento de la producción bruta total maderable para el periodo y una pérdida de 18 por ciento del empleo en el sector.

Subraya que, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2004 había en México 98 mil empleos en la silvicultura y el aprovechamiento forestal, así como 496 mil 515 en la industria forestal. Para 2004-2009 se habían perdido 107 mil puestos de trabajo directo en las regiones forestales del país.

Para 2010-2014 no hay cifras, pero en la realidad el cierre de dichas empresas se ha mantenido con sus respectivas consecuencias sobre el empleo y las economías rurales.

Además, hay políticas equivocadas de desarrollo rural y sobrerregulación gubernamental que impiden el aprovechamiento sustentable de esos recursos, pero no castiga en la mayoría de los casos el cambio de uso de suelo, como en el caso de la expansión del aguacate en Michoacán y Jalisco o de la caña de azúcar, cítricos o frutales en Campeche y Quintana Roo.

Por su parte, Gustavo Sánchez, de la Red Mocaf, sostiene en entrevista que diversas organizaciones han dejado de trabajar en regiones de Guerrero y Michoacán. Además, organizaciones no gubernamentales tienen directrices para ya no instalarse en ciertas zonas. Al final, de alguna manera la gente que vive ahí sigue tratando de hacer su vida pese a la violencia.

Consideró que un factor que ha incidido en la crisis del sector es el aumento de los costos de producción. Al generarse más ingobernabilidad, hay un mercado clandestino de productos forestales más fuerte. Existe sobrerregulación, pero también ingobernabilidad.

Se terminó con el régimen fiscal preferente de ejidos y comunidades, y ahora tienen que contratar personal para que haga las declaraciones de impuestos, lo cual implica un costo administrativo, destacó.

La tala ilegal y la deforestación han crecido, se manejaba un volumen de madera ilegal similar al lícito. Sin datos, creemos que sí ha crecido la ilegalidad por las condiciones de ingobernabilidad en regiones de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Sería ingenuo pensar que no han crecido las actividades ilícitas y no ha habido estímulos del gobierno para el manejo legal.

El Ccmss consideró que se debe canalizar de mejor manera el presupuesto federal asignado al sector para los siguientes años, ya que durante 2013 la Comisión Nacional Forestal dirigió más de 70 por ciento de los apoyos a la conservación, reforestación y restauración de los ecosistemas forestales, pero no a la producción de ejidos y comunidades.