Un juez federal con sede en el estado de Michoacán dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue si son ciertas las denuncias públicas y los alegatos presentados por los abogados de José Manuel Mireles, líder de las llamadas autodefensas michoacanas, sobre probables actos de tortura sicológica de los que habría sido víctima al momento de ser detenido por fuerzas federales.

Salvador Molina Navarro, abogado de Mireles, informó ayer que el juzgado quinto de distrito de Michoacán, que procesa penalmente a Mireles por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y posesión de drogas, fue quien instruyó al Ministerio Público Federal para que indague si existen pruebas sobre la comisión de presuntos abusos contra el líder de las autodefensas.

En conferencia de prensa, el penalista indicó que, en los hechos, esta vista, ordenada por el juez, se traduce en el inicio de una averiguación previa para deslindar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables de los actos de tortura sicológica de los que Mireles habría sido víctima.

El litigante recordó que luego de ser capturado en el estado de Michoacán se hicieron públicos en las redes sociales videos en los que, de viva voz, Mireles manifestó que lo subieron a un helicóptero con el rostro cubierto y lo mantuvieron en vuelo por varias horas, lo que provocó que su presión arterial subiera, poniendo en riesgo su vida.

Salvador Molina manifestó que la averiguación previa que abrió la PGR por órdenes del juzgado quinto de distrito fue radicada en la delegación que esa dependencia tiene en Michoacán.

Según el abogado, Mireles fue víctima de una fabricación de pruebas por las autoridades federales, las cuales le imputaron el delito de portación de armas a pesar de que existen documentos que acreditan que las mismas cuentan con registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

El litigante aseveró que las armas que las autoridades dicen haber decomisado a Mireles no son las mismas que la PGR puso a disposición del juzgado, ya que, según el defensor, los números de serie y calibres de éstas no coinciden.

Además, añadió que hasta el momento se encuentran desaparecidos 10 cartuchos que fueron incautados al momento de la detención del líder de las autodefensas.

Asimismo, el abogado penalista mencionó que la PGR ejerció acción penal en contra de Mireles el pasado 29 de junio a las 23:15 horas, apenas tres horas después de que había vencido el término constitucional de 48 horas que tenía la PGR para ponerlo a disposición de alguna autoridad judicial.

Estamos hablando de que hubo, por horas, privación ilegal de la libertad en contra del doctor Mireles, puntualizó el defensor.