Un juzgado federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) levantar de inmediato el aseguramiento de cinco cuentas bancarias de Shipping Group México (SGM), empresa filial de Oceanografía que administraba los buques con los cuales se prestaban los servicios contratados por Petróleos Mexicanos (Pemex).

El juzgado segundo de distrito consideró que la orden de aseguramiento de esas cuentas carece de fundamento y motivación, es decir, no se ajusta a lo que establecen diversas leyes.

Las cuentas referidas fueron congeladas el pasado 10 de julio por la PGR en los bancos Libertad Servicios Financieros y Banorte. Los abogados de Shipping Group México obtuvieron el amparo y protección de la justicia federal, pues lograron demostrar que la procuraduría violó en perjuicio de la empresa los artículos 14,16 y 22 de la Constitución.

A decir de fuentes de la PGR, en el transcurso de esta semana se enviará un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a los bancos para cancelar el aseguramiento.

Otro juzgado, el décimo de distrito de amparo penal, también emitió una resolución en el caso Oceanografía. Según consta en registros de ese juzgado, la autoridad del Poder Judicial Federal (PJF) impidió transferir al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) los recursos que la empresa Oceanografía administraba en un fideicomiso abierto en Banamex.

Dicho juzgado suspendió en definitiva la inusual transferencia ordenada por la PGR de los recursos del fideicomiso 16579-2, creado por Oceanografía para garantizar los derechos de cobro de sus provedores. De acuerdo con fuentes federales, el fideicomiso fue asegurado desde el mes de marzo pasado y al momento de ser intervenido tenía por lo menos 30 millones de pesos, así como bonos de deuda, acciones y valores por varias decenas de millones más.

Informes federales precisaron que este fideicomiso no fue empleado por Amado Yáñez –dueño de Oceanografía– para recibir los créditos por más de 5 mil 312 millones de pesos obtenidos mediante estimaciones presuntamente falsas.

El dinero del presunto quebranto fue destinado a una cuenta de la compañía, de la que disponía el propio empresario, indicaron.