partir de ahora sólo quedarán dos caminos para enfrentar la reforma energética (cuya promulgación realizará hoy Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, acompañado por la élite política, legislativa y empresarial del país): las calles, en resistencia contra la aplicación de las nuevas normas y eventualmente en ofensiva contra la llegada de las avanzadas extranjeras, y la consulta popular que, de aprobarse en alguno de los términos buscados por sus principales promotores actuales (PRD y Morena), se realizaría junto con las elecciones federales del próximo julio.

El camino de la protesta social masiva en las calles parece poco probable. A pesar de la muy sostenida advertencia de que el tocamiento de la letra constitucional en materia de energéticos, particularmente del sacralizado petróleo, provocaría inmediatas y fogosas reacciones populares, el proceso legislativo (en ambas cámaras, la de Diputados y la de Senadores) transcurrió sin más incidencias opositoras que las discursivas y una que otra de corte meramente escenográfico. Cualquier termómetro político mostraría, viendo la ínfima reacción colectiva contra esas reformas, especialmente la energética, que sólo habría que mantener al paciente en condiciones parecidas, sin riesgo de fiebre ni crisis, atendido en lo inmediato, sin más complicaciones.

El año electoral en puerta ofrece la oportuna posibilidad de mantener ese tratamiento bien temperado (no en el sentido musical, sino médico: temperares: templar o calmar el exceso de acción o de excitación orgánicas por medio de calmantes y antiespasmódicos). La esperanza de transformar al sistema mediante el voto permitirá al régimen, en respuesta a esas de por sí menguadas posibilidades de cambio, el despliegue de sus sabidos abanicos asistenciales, tanto a través de las vías institucionales (Sedesol, principalmente) como por vías alternas no fiscalizables (la etapa superior del monexismo-sorianismo), con televisiones digitales para reparto a cuenta de modernizaciones tecnológicas y la promesa de que ‘‘ya merito’’ comienzan a bajar los costos domésticos de la electricidad y el gas.

En ese contexto se realizará también la consulta popular sobre energéticos, previa validación que el impoluto y muy creíble Instituto Nacional Electoral haga de las firmas que se hayan juntado para solicitar dicha consulta y luego que la nunca manipulable Suprema Corte de Justicia de la Nación haya decidido si son apropiados los términos de la o las preguntas propuestas.

Ese panorama de por sí tan poco alentador tiene la complicación adicional de que los dos principales partidos de izquierda recolectan por separado firmas en demanda de la citada consulta y proponen distintas redacciones para que el votante responda. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas empujó en su origen la idea de esta consulta, que luego fue tomada formalmente por el Partido de la Revolución Democrática. Morena ha ligado incluso el activismo de cuadros predispuestos para asumir candidaturas a cargos de elección popular con la promoción de esa consulta y el levantamiento de las tan peleadas firmas.

Tal dicotomía ha llevado a ciudadanos sin partido o con él (algunos muy cercanos al propio Andrés Manuel López Obrador, en las áreas de la asesoría jurídica y de la producción mediática e ideológica) a impulsar un llamado público a que las naturales banderas partidistas declinen sus eventuales pretensiones de dirigir o aprovechar un movimiento pro consulta popular que debería tener como principal actor a la sociedad civil. No se busca poner fuera del escenario a esos partidos, pero sí permitir que mediante ‘‘una acción ciudadana de amplio alcance’’ haya una sola propuesta, con una sola pregunta y un solo compromiso colectivo de impulso y organización, con los partidos como partícipes, pero no como rectores ni mucho menos como factores de polémica y exclusión.

Fundamental será que respondan positivamente a esa solicitud las dirigencias de los dos partidos expresamente mencionados en ese manifiesto que se dará a conocer la próxima semana. Pero ello no será suficiente, pues faltará que las autoridades ante las cuales se han planteado dos procedimientos acepten su unificación, que las firmas hasta ahora recolectadas por distintos grupos puedan ser acumuladas y que los términos de las preguntas planteadas sean aceptados en una sola.

El sol azteca ya había anunciado su determinación de confluir con Morena en el punto de la consulta popular mencionada. A los perredistas, en especial a Los Chuchos, les reportaría una especie de respiro con pretensiones triunfales el aparecer nuevamente en alianza junto a AMLO o Morena, pues la estrategia del nuevo partido ha sido trazada en función de un deslinde tajante del partido del que de otra manera no se entendería por qué se habrían separado. Morena no puede asociarse en estas primeras elecciones porque así lo establece la ley, pero desde ahora se teje la idea de que 2015 será una especie de báscula electoral que reportará el peso real de cada una de las corrientes, llamadas partidos (PRD, Morena, PT y MC), que ante el aplastante avance de la derecha y el priísmo imperial habrán de formar un frente común de las izquierdas en 2018, con un candidato reiterativo o novedoso.

En otro ámbito de izquierda formal se promueve la participación de los ciudadanos para confirmar o rechazar un ejercicio de gobierno. En Morelos se ha decidido impulsar un ‘‘plebiscito ciudadano revocatorio’’ en relación con Graco Ramírez, el gobernador postulado por el PRD al que un segmento activo de esa entidad rechaza abiertamente, sobre todo los grupos nucleados en la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, que convocó a una marcha que se realizó ayer en la capital de ese estado.

Y, mientras en Puebla también había ayer movilización contra el actual ocupante del Poder Ejecutivo estatal, el muy vapuleado Rafael Moreno Valle (Rosas), formalmente panista, en entusiastas arreglos con el PRD, oscuro objeto del deseo social de cambio, y no sólo por la ley bala, ¡hasta mañana!

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