El Congreso local deberá legislar al respecto sólo con base en la propuesta presentada
Domingo 10 de agosto de 2014, p. 29
Oaxaca, Oax., 9 de agosto.
El próximo lunes la comisión política de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entregará al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, el anteproyecto de reforma de la Ley Estatal de Educación (LEE), luego de que fuera aprobado por la asamblea estatal la madrugada de este sábado en una reunión que tuvo la partición de 27 oradores y una duración superior a seis horas.
La LEE es un proyecto surgido de 37 foros educativos realizados en la entidad, donde participaron el magisterio, el gobierno estatal y la legislatura local, que tomaron las mejores propuestas para su redacción, explicó el dirigente Rubén Núñez Ginez.
Agregó que el próximo lunes –en un acto en el palacio de gobierno a las 10 horas– será entregado el documento al Ejecutivo estatal. Para ello los profesores de la región de Valles Centrales (quienes harán el relevo del plantón rotativo este domingo) realizarán una marcha en la ciudad de Oaxaca en la que se participarán organizaciones sociales y padres de familia.
Núñez Ginez indicó que el Ejecutivo tendrá que enviar el documento al Congreso local, para su estudio y aprobación; Oaxaca sería el único estado en el que la normatividad se construyó de forma democrática con la participación de los sectores involucrados.
Recordó que en acuerdo con el gobierno del estado, el Congreso deberá legislar únicamente sobre la propuesta presentada por la mesa redactora para la aprobación de la LEE, y no deberá ser agregada ninguna otra.
Además, la asamblea estatal determinó que sea el próximo 15 de agosto cuando se concluya el plantilleo
–listado de profesores que laboran en las escuelas, sus cargos y colegios, además del estado de los inmuebles– para presentarlo ante la Federación y continuar recibiendo su pago a partir de enero de 2015.
De igual modo, exigieron a Gabino Cué instalar de inmediato la comisión de la verdad para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto político social de 2006, esto deberá ocurrir en un acto público en el que se deberá anunciar que serán castigados los responsables de los más de 27 homicidios ocurridos entre 2006 y 2007.