n coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización de Naciones Unidas (ONU) destacó ayer la circunstancia de precariedad que enfrentan esos grupos en el planeta, que representan 15 por ciento de la población mundial. De acuerdo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del organismo, Navi Pillay, los pueblos indígenas siguen estando desproporcionalmente afectados por la pobreza y enfrentan discriminación y exclusión sistemáticas de los entornos de toma de decisión políticos y económicos.

Dicha valoración es un punto de contraste obligado respecto de la vacuidad de los discursos oficiales en nuestro país en materia indígena, que se caracterizan por ser puñados de buenas intenciones y lugares comunes y que soslayan, en cambio, la realidad de miseria y exclusión que padece ese grupo poblacional: como se señaló ayer en estas páginas, 76.8 por ciento de los connacionales que hablan lenguas indígenas viven en condiciones de pobreza, y 44 por ciento obtienen ingresos inferiores a la línea de bienestar, es decir, carecen de recursos para adquirir la canasta alimentaria básica.

Por lo que hace a los derechos indígenas, no se necesita mucha investigación para desnudar en toda su crudeza la circunstancia de abuso y atropello que padecen los integrantes de los grupos originarios cada vez que deben relacionarse con instituciones de procuración e impartición de justicia: casos como los de Jacinta Francisco y Teresa Alcántara y como el del profesor Alberto Patishtán son destacados botones de muestra de una cadena de historias en las que se entrelazan el racismo con la inoperancia y la corrupción institucionales. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los 8 mil 334 indígenas presos en el país, 80 por ciento sufrieron violaciones al debido proceso.

De igual forma es persistente y sistemática la historia de despojo de territorios y recursos que han padecido los grupos originarios a manos de empresas extranjeras y grupos de poder fáctico legales –mineras, compañías energéticas e inmobiliarias, entre otras– e ilegales –talamontes, paramilitares, cárteles del narcotráfico–, en muchas ocasiones con la complicidad de las autoridades. Si ese escenario resulta de por sí ominoso, es previsible que se profundice con la aprobación reciente de reformas legales que establecen la servidumbre legal del territorio para producir y conducir electricidad, gas o petróleo, lo que afectará la potestad de pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros sobre sus tierras. No es casual que el único sector social que se expresó en forma masiva y articulada en contra de la reforma energética haya sido el de las organizaciones campesinas.

En una circunstancia como la descrita, las palabras oficiales de simpatía hacia los indígenas son insuficientes. Un paso fundamental, si se quisiera empezar a corregir esta situación, sería la recuperación de los términos originales de la llamada Ley de Derechos y Cultura Indígenas redactada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, un conjunto de reformas legales que resultó desvirtuado hace 13 años, cuando el Legislativo aprobó un remedo que dejó irresueltas las circunstancias legales que han hecho posible la marginación, la explotación y la discriminación de los pueblos indios por parte de la institucionalidad y de diversos sectores privados.