El Partido Acción Nacional (PAN) demandó a la Comisión Permanente que se solicite a la Secretaría de la Función Pública realizar una investigación referente a la licitación pública número LA-009JOU001-T5-2014 relativa a la renovación de suministro de telepeaje IAVE, ya que se trata de un posible caso de corrupción.

El diputado del blanquiazul, Juan Pablo Adame, destaca en su propuesta publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente de ayer miércoles, que la entrada en operación del nuevo servicio de telepeaje ha originado un verdadero caos en las casetas operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Denunció el panista que en la licitación Capufe no atendió las recomendaciones hechas por la testigo social designada por la Secretaría de la Función Pública, Mónica María Rosario Rivera, mismas que se hicieron públicas el 16 de mayo de este año”.

En esas recomendaciones, refiere el diputado, la testigo subraya: tengo duda razonada de la transparencia en esta parte del procedimiento de la licitación, toda vez que aparecieron posibles irregularidades en los resultados de la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas presentadas por los licitantes.

Además, abunda el legislador, la testigo social dejó en claro que existe duda razonable sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, ya que Capufe no verificó ni constató el cumplimiento de dichas obligaciones en el Sistema de Administración Tributaria.

Cuestiona Adame: ¿por qué el apremio para el cambio del sistema de telepeaje por parte de Capufe, sin haber realizado una campaña previa de información a todos los usuarios de este sistema? ¿Por qué esperar hasta un día antes del cambio de este sistema para advertir a los ciudadanos sobre estas modificaciones?

El panista acusa que estamos frente a un posible caso de acto de corrupción. No sobra destacar, agrega, que el propietario de esa empresa, a la que se adjudicó la licitación, es Roberto Alcántara, empresario del estado de México y cercano al grupo de poder conocido como Atlacomulco, y pareciera que la licitación favoreció a esta empresa de forma discrecional y alejada de la ley.

Por otra parte, ayer la Comisión Permanente realizó una sesión de trámite, que apenas duró 15 minutos y sólo fue para dejar constancia de que sesionó.