El cambio de proveedor de servicios de telepeaje para Caminos y Puentes Federales (Capufe) va más allá de la falta de una campaña informativa a los usuarios, aglomeraciones en las casetas, incomodidad para los viajeros, el uso de varios tags o tener que pagar en efectivo aunque haya saldo en el dispositivo.

El conflicto incluye los señalamientos que hizo la testigo social sobre el proceso de licitación y que Capufe no atendió, a decir de la testigo Mónica Rivera Barrera; el incremento de costos para el nuevo proveedor Telepeaje Dinámico por diferencias económicas con I+D para el uso de la infraestructura que dejó instalada en las casetas, y adicionalmente Capufe exigió a I+D que deje de comercializar la marca IAVE, que es propiedad de organismo y no de la empresa.

Capufe informó que la licitación para elegir al nuevo proveedor de servicios de telepeaje se realizó porque después de nueve años había concluido el contrato con I+D. Al anunciarse la licitación, I+D, que forma parte de Ideal, empresa de infraestructura de Carlos Slim, le informó a Capufe que no participaría en este concurso, pero que lo haría en otros a los que convocara el organismo.

Asimismo, Capufe exigió a I+D que dejara de comercializar la marca IAVE que le pertenece, mediante un oficio dirigido a Gabriel Ruiz Padilla, director de la empresa.

El 16 de mayo la testigo social Mónica María del Rosario Barrera Rivera envió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a Capufe su testimonio sobre la licitación LA-009JOU001-T5-2014, que ganó el consorcio Integra Ingeniería. Hizo diversos señalamientos sobre el proceso, como la necesidad de volver a revisar las propuestas técnicas y económicas de los participantes, así como la autenticidad de los documentos, personalidad jurídica y la seguridad de que quienes se presentaban como directivos, en realidad trabajaban en las empresas. A decir de la testigo, Capufe no atendió las recomendaciones.

El director de Capufe, Benito Neme Sastré, rechazó las acusaciones de la testigo social y puso en duda su trabajo, al señalar que de acuerdo con sus estimaciones sólo tuvo cuatro horas para revisar al menos 180 expedientes de 400 cuartillas cada uno.

El funcionario dijo que la testigo social los acompañó durante todo el proceso de licitación y nunca presentó ningún dictamen o informe. Lo hizo una vez que se emitió el fallo y no a la firma del contrato, como marcaban las bases de licitación. Cuestionó además que entre los argumentos de la testigo figure que se enteró por un anónimo de que alguna de las empresas participantes tenía adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Neme Sastré defendió el proceso de licitación y su transparencia, al señalar que ninguno de los seis consorcios que suman 29 empresas se inconformó con el fallo.

Destacó que la marca IAVE le pertenece a Capufe, por lo que I+D no debe comercializarla más, y aseguró que eso ya no ocurre. Sin embargo, en la página de Internet de la empresa permanece el logotipo .