l ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, informó ayer que el gobierno al que pertenece no pudo lograr un acuerdo con los llamados fondos buitres –capitales especulativos que, por decisión propia, quedaron excluidos de las restructuraciones de deuda externa realizadas por ese país en 2005 y 2010–, durante las negociaciones mantenidas la víspera en Nueva York, con la intermediación del abogado Daniel Pollack.

En lo inmediato, la falta de un acuerdo entre el gobierno de Buenos Aires y los especuladores implica mantener la prohibición, establecida por el juez Thomas Griesa y avalada por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, de que Argentina siga efectuando pagos a los acreedores que sí aceptaron la restructuración y que representan 93 por ciento del total, en tanto no se cubran por completo los pasivos que se adeudan a los fondos buitres, unos mil 500 millones de dólares.

Lo anterior coloca al país sudamericano en la perspectiva de una moratoria de pagos que en esta ocasión no ocurre por falta de recursos económicos –de hecho, Argentina depositó el mes pasado unos 540 millones de dólares para saldar sus obligaciones con los tenedores de bonos restructurados–, sino a consecuencia de una resolución judicial cuando menos cuestionable, en la medida en que crea una circunstancia de grave incertidumbre en las finanzas mundiales, pues el fallo de la justicia estadunidense implica que si Argentina paga la totalidad de sus débitos a los acreedores que no aceptaron la restructuración, los que sí lo hicieron tienen derecho a reclamar el pago de su deuda en condiciones similares, lo que anularía el proceso de restructuración promovido en tiempos de Néstor Kirchner y reditaría, en el país austral, una crisis de la deuda de consecuencias imprevisibles.

Por lo demás, si se atiende a lo que expresó ayer el ministro Kicillof, de que los especuladores rechazaron diversos ofrecimientos de la Casa Rosada –entre ellos la posibilidad de ingresar a un canje de deuda en similares condiciones a las que accedieron los bonistas en 2005 y 2010, lo que les garantizaba 300 por ciento de ganancia–, cabe preguntarse si su intención de llevar al límite su aventura especulativa obedece únicamente a un afán de ganancias desmedidas o a un designio desestabilizador inconfesable.

La situación sienta un precedente nefasto para la estabilidad económica de la región. Si una minoría de los acreedores de Argentina puede generar este tipo de escenarios en la tercera economía de Latinoamérica, cabe temer por su potencial destructivo en otras más pobres y dependientes del orbe.

El caso referido, en suma, es reflejo de las dificultades que experimentan los gobiernos nacionales para recuperar, en el contexto mundial presente, la soberanía económica perdida en el curso del ciclo neoliberal que se abatió sobre toda la región y al que aún se aferran unos cuantos gobiernos, el de México entre ellos.