n el contexto de una gira de trabajo por nuestro país, el gobernador de California, Jerry Brown, recomendó al gobierno y al Congreso mexicanos tener mano dura en la regulación de las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir en México a consecuencia de la apertura del sector al capital privado, pues de lo contrario, dijo, se los van a comer vivos.

Por su parte, el senador demócrata por California, Lou Correa, hizo referencia a la situación que ese estado ha vivido desde la privatización de los servicios eléctricos en 1998: debe recordarse que, a raíz de ese evento, las tarifas al consumidor fueron artificialmente congeladas para evitar un incremento súbito y descontrolado a consecuencia de la libre fluctuación de precios, pero la alta demanda fue correspondida por costos especulativamente altos de las compañías generadoras. Ala postre, esa situación puso a las empresas eléctricas al borde de la bancarrota, una vez que transfirieron a sus compañías matrices miles de millones en ganancias por la venta de plantas generadoras. Como resultado de esta maniobra, luego de innumerables apagones, de los cuales los más célebres ocurrieron en 2000 y 2001, el estado de California tuvo que entrar al rescate de estas compañías y financiar la compra de electricidad.

Las declaraciones comentadas constituyen un golpe de realismo ante las prospectivas idílicas que ha formulado el gobierno mexicano con la privatización: apenas hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las reformas estructurales tendrán efectos positivos en la competitividad del país y de América del Norte, además de que contribuirán a incrementar los niveles de bienestar, tanto de México como de la región. Unos meses antes, el gobierno estadunidense, en voz de su embajador en México, Anthony Wayne, felicitó a los legisladores nacionales por la privatización del sector energético, y dijo que ese giro político incorporaría a nuestro país “al paso que van Estados Unidos y Canadá para el acceso del gas shale y de fuentes de energía alternativa”.

Frente a esas afirmaciones excesivamente optimistas y distorsionadas, lo expresado por los políticos californianos obliga a recordar el carácter falaz de uno de los supuestos básicos de la argumentación de los promotores de las citadas reformas: que lo privado es, por definición, más eficiente que lo público.

La realidad es que, en lo que concierne al sector energético, abundan ejemplos de corrupción, especulación, abuso e ineficiencia de compañías privadas del ramo en todo el mundo: desde los referidos apagones en California y otras ciudades estadunidenses hasta las fallas eléctricas masivas en naciones europeas, pasando por desastres ambientales como el derrame petrolero ocasionado por el estallido de la plataforma Deepwater Horizon –operada por la trasnacional British Petroleum– en aguas del Golfo de México.

Tales situaciones han tenido lugar en entornos institucionales sólidos y en naciones en las que la observancia del estado de derecho es mucho menos discutible que en México. En ese sentido, el llamado del gobernador de California a cuidarse y tener mano dura con las trasnacionales constituye, en el mejor de los casos, un buen deseo: si durante años las autoridades nacionales han permitido todo tipo de atropellos de empresas extranjeras –un claro ejemplo es el de las mineras que cometen abusos laborales y ambientales con recurrencia e impunidad alarmantes–, cabe dudar que las autoridades nacionales vayan a tener capacidad de actuar en defensa de la economía y de la integridad ambiental del país frente a la depredación de empresas energéticas internacionales.

Por desgracia, las advertencias formuladas por los funcionarios referidos se dan en un momento en que la entrega de la industria energética a los capitales privados parece una realidad irreversible, y en el que ha quedado de manifiesto una combinación desesperanzadora entre abulia ciudadana y sordera de los legisladores frente a los señalamientos de algunos sectores críticos.

Es previsible, en consecuencia, que la aprobación de leyes tan desventajosas para el país termine por generar, más temprano que tarde, consecuencias contrarias al bienestar de la población, a las finanzas públicas y a la soberanía nacional.