Buenos Aires, 29 de julio.

El jefe de gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, denunció que existe una abierta actitud beligerante de los llamados fondos buitres en las negociaciones que se realizan en Estados Unidos con el gobierno argentino, a horas de vencer este miércoles el plazo establecido por el juez federal estadunidense Thomas Griesa a favor de los litigantes que compraron bonos a precio basura de la deuda (en cesación de pagos en 2001) por un costo de 48 millones de dólares en 2008, y quieren cobrar con una ganancia de más de mil 600 por ciento.

Estas horas se viven con gran expectativa en Argentina, mientras en Venezuela los presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur), reunidos en Caracas, apoyaron plenamente a la mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, cuyo gobierno logró una restructuración de la deuda, que aceptó más de 92 por ciento de bonistas y rechazó menos de 7 por ciento. Los que están en esta demanda conforman 2 por ciento, todos ellos de fondos buitres.

Juego de tres bandas

El gobierno argentino tiene plazo hasta el 30 de julio a última hora para llegar a un acuerdo con los fondos a los que califica de buitres y que obtuvieron una sentencia del juez Griesa para cobrar mil 330 millones de dólares por bonos impagos de 2001.

Con este vencimiento a punto de expirar, una delegación argentina regresó a Nueva York este martes para reunirse con el mediador Dan Pollack, nombrado por Griesa para encontrar una vía de cumplimiento a su fallo, que obliga a Buenos Aires a pagar a estos fondos al mismo tiempo que lo hace a los tenedores de deuda de los canjes de 2005 y 2010.

Capitanich reafirmó que Argentina ha estudiado todas las variantes y ha hecho las presentaciones correspondientes defendiendo el interés nacional y la soberanía, con una posición clara de restructuración de la deuda, y que cumplió con 92.4 por ciento de los bonos que aceptaron el canje de deuda.

Expuso que restructurar los compromisos y cancelarlos, necesita tiempo, quita, tasas de interés y plazos acordes a la capacidad de pagos de Argentina, y añadió que “se observa que el sistema judicial de Estados Unidos permite una serie de anormalidades en este proceso y tenemos una gran preocupación porque observamos claramente el sistema de juego de tres bandas. Un mismo tenedor tiene un litigio, tiene un bono con sentencia, por otro lado participa con bonos estructurados y con los famosos bonos swaps”.

El lunes hubo un respiro, cuando el juez Thomas Griesa autorizó al Citigroup pagar por única vez intereses de bonos argentinos emitidos conforme a legislación del país, parte de los cuales están en manos de acreedores que participaron en canjes de deuda previos. Sin embargo, la medida no altera el bloqueo de los títulos bajo ley de Nueva York.

Griesa resolvió que por única vez Citibank podría efectuar ese pago que incluye bonos restructurados en dólares bajo legislación nacional y otros emitidos como parte del acuerdo con la española Respsol por la estatización de la petrolera YPF.

En medio de la pulseada con los fondos, el gobierno de Cristina Fernández concretó el lunes el primer pago de 642 millones de dólares al Club de París, como parte del acuerdo alcanzado en mayo con la entidad que reúne a acreedores.

Mientras tanto, un grupo de tenedores de bonos restructurados de la deuda argentina pidió al juez Griesa un “stay temporario”, es decir, suspender hasta el primero de enero de 2015, o al menos por 90 días, su sentencia para permitir una salida negociada y “evitar un default”, señaló el grupo de bonistas Euro Bondholders en un documento entregado a Griesa.

Argentina giró el 26 de junio pagos por 539 millones de dólares a tenedores de esos bonos, pero el juez bloqueó ese dinero depositado en Nueva York, lo que provocaría este miércoles una suspensión de pago sobre la deuda emitida bajo legislación estadunidense.

Los tenedores de bonos restructurados advierten que “negarse a dictar un stay podría llevar a un default soberano, causando un daño grave e impredecible a millones de ciudadanos inocentes de Argentina, a los demandantes, a los Exchange Bondholders (que ya aceptaron reducciones significativas en el valor de los bonos) y a la economía global”.

Esta agrupación está integrada por Knighthead Capital Management, Redwood Capital Management, Perry Capital, VR Global Partners, Monarch Master Funding 2 (Luxemburgo), QVT Financial y Centerbridge Partners.

Si Argentina entra en default, sería el segundo en 13 años, luego de que en 2001 el gobierno suspendió el pago de 100 mil millones de dólares, equivalente a 166 por ciento de su economía. La diferencia es que en aquella ocasión fue el país el que declaró la moratoria.

Argentina ha estado fuera de los mercados financieros por mucho tiempo y aunque el default siempre es lamentable, no creemos que tenga mayores consecuencias sustantivas fuera del país, consideró la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

Por su parte, la ex presidenta del Banco Central de Argentina, la economista Mercedes Marcó del Pont, se refirió a las consecuencias que puede tener un escenario de tensión financiera sobre las limitaciones de la economía argentina: Estamos transitando una etapa de mayor restricción externa, desaceleración en los niveles de actividad e insuficiencia de ahorro, y no cabe descartar que, a corto plazo, estos signos adversos puedan empeorar.