Con el argumento de que los actos de la Asamblea Legislativa (ALDF) son soberanos y discrecionales, la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano pretende justificar la designación de Perla Gómez Gallardo como ombudsman de la ciudad de México, en el juicio de amparo que interpuso Manuel Fuentes Muñiz, consejero del organismo protector de las garantías individuales en la capital, en el juzgado décimo de distrito en materia administrativa, por la opacidad e ilegalidad con que se manejó el proceso.

Dicho argumento, coincidentemente, también fue expuesto por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez, al apersonarse como tercero perjudicado en dicho juicio, con un oficio de 27 cuartillas y un anexo de 340 fojas.

Sin embargo, en la contestación de los informes justificados, Fuentes Muñiz expone que no pueden ser acreditados los referidos argumentos, porque carecen de lógica, congruencia, claridad y sustento jurídico. Además, tampoco se presenta ninguna prueba.

Detalla que el artículo 102 de la Constitución, en su apartado B, señala claramente que: La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del consejo consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley.

Afirmó que las decisiones de la ALDF en relación a la elección de ombudsman capitalino no deben considerar los argumentos expuestos, porque no pueden tomarse sin respetar los derechos humanos de igualdad, seguridad jurídica y legalidad.

En el informe que presentó Gómez Gallardo da a conocer los currículums e información de los aspirantes, cuando eso corresponde a la ALDF.