Artistas demandan resolver invasión de predio en Juchitán

l 22 de junio un grupo liderado por Tereso Sánchez Morales, Asunción Santiago Terán y Saúl Jiménez Sánchez invadió un predio de dos hectáreas, ubicado en la agencia de Playa Vicente, propiedad legítima del compositor juchiteco Gustavo López, quien había decidido donar una hectárea a las autoridades municipales para un proyecto ecoturístico de beneficio comunitario. Al pedir respeto a su propiedad, López recibió amenazas a su integridad física y la de su familia. Actualmente se ha creado un conflicto entre los habitantes de Playa Vicente y el grupo invasor, con riesgo de que derive en hechos lamentables. López ha planteado soluciones acudiendo con los líderes que promovieron la invasión, se ha dirigido a autoridades municipales y estatales sin obtener una solución adecuada. Nos preocupa el clima de inseguridad en Juchitán y que las presiones y amenazas a los López no hayan cedido. Hacemos un llamado urgente a los involucrados y a las autoridades para que a través de diálogo y justa negociación se dé solución pacífica y se actúe conforme a derecho.

l miércoles pasado, Lied Miguel, a quien no tengo el gusto de conocer, publicó en El Correo Ilustrado un llamado de atención sobre un tema que nos preocupa a los vecinos de San Pedro Mártir, uno de los pueblos de Tlalpan que, a su vez, arroja luz sobre las formas de gobierno en el Distrito Federal: el permiso otorgado a la multinacional Walmart para abrir una tienda. Al día siguiente, en el mismo espacio se publicó una respuesta del corporativo llena de falacias. Las autoridades responsables mantienen el silencio.

a consolidación de la vía legislativa para consumar el despojo de tierras en favor de las trasnacionales plantea desafíos a la centenaria resistencia indígena. En especial se vulnera el objetivo estratégico de reconstituir los pueblos indígenas con el eje de su autonomía territorial. El marco jurídico precario a nivel nacional se amplió a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que dio entrada plena a tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, entre otros, colocados en el mismo nivel que la Constitución. Específicamente, el campo de los hidrocarburos planteará sin duda a la Corte la necesidad de precisar si los derechos de los pueblos a la superficie de sus territorios incluyen el subsuelo, cuando no es el Estado quien lo explota conforme a su dominio exclusivo, sino empresas a las que ha transferido tal facultad trastocando su sentido original. Con el agravante de que el proceso legislativo omitió el deber de garantizar el derecho a la consulta previa libre e informada. En ese contexto, poco importa que, en lugar de expropiación cuando los titulares de las tierras se opongan al despojo, para llamar a las cosas por su nombre, el Congreso de la Unión con su aplanadora PRIAN refiera a la llamada ocupación temporal como supuesto paliativo. Sin embargo, la experiencia de los pueblos indica que el componente central de su resistencia es la organización, y el uso del derecho tiene sentido sólo en ese contexto. Para definir su estrategia inmediata, en primer lugar, es urgente una campaña propia de información sobre el contenido de las leyes en materia energética, cuyo ciclo de aprobación está a unos días de cerrarse. También sobre su impacto a corto, mediano y largo plazos. El peñanietismo ya inició la suya para desinformar, y seguramente reforzará las presiones mediante las migajas gubernamentales denominadas genéricamente programas sociales de combate a la pobreza; bien sabemos del componente mediatizador de la protesta social que está presente y más aún con carácter abiertamente contrainsurgente, como lo pretendieron en las regiones zapatistas.