La adopción de gran número de niñas y niños por Rosa del Carmen Verduzco –conocida como Mamá Rosa– muy probablemente fue hecha de forma irregular, con la complicidad de notarios públicos y funcionarios estatales; se trata de un daño que deberá repararse mediante un protocolo especial para cada caso, señalaron activistas especializados.

Gabriel Rojas, director de la organización Ednica, que trabaja con niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, consideró que el registro de decenas de niños como los hijos de Verduzco sólo pudo concretarse gracias a la omisión de diversos servidores públicos y al aval otorgado por notarios, quienes se excedieron en sus atribuciones.

Me parece que los notarios facilitaban una suerte de documento en el cual las familias supuestamente decían estar de acuerdo con cederle el cuidado de los niños a Mamá Rosa. Todo eso fue hecho por esta señora al margen de los procesos establecidos, porque el proceso de tutoría debe ser muy cuidadoso y controlado por jueces de lo familiar, y acá vemos que no fue así, indicó.

No, a la vía exprés

Para corregir este daño sería necesario investigar qué funcionarios estuvieron involucrados en la adopción irregular de los menores y analizar de forma individual los casos para darles ayuda sicológica a los afectados, así como estudiar la manera en que cada uno debe ser reintegrado con sus seres queridos, en vez de hacerlo como un proceso exprés.

Nashieli Ramírez, coordinadora general de la organización Ririki Intervención Social, dijo que la responsabilidad de haber otorgado las adopciones a Verduzco recae en el gobierno de Michoacán, pues son las administraciones estatales las encargadas de decidir estos temas, ante la falta de un marco legal común en toda la República.

“Las adopciones siguen una mecánica donde suele pasar muchísimo tiempo, porque hay mucha burocracia, y cuando ves el caso de Mamá Rosa te das cuenta de que se trata de un proceso ilegal. Es obvio, y hay que preguntarle al estado de Michoacán qué pasó ahí”, manifestó.

Sobre la forma en que los menores deben recibir ayuda del gobierno, Ramírez estimó que es importante entender que cada uno de estos niños sin cuidado parental deben ser tratados caso por caso. Cada menor es una historia distinta y requerirá un tratamiento distinto. No puedes determinar si procede que lo devuelvan a sus padres o no, sin antes saber si perdieron la potestad porque lo maltrataban, aseveró.